POR GERMAN MARTE
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) afirmaron ayer que el gobierno no tiene ninguna razón valedera para negarse a entregar las informaciones sobre el Metro de Santo Domingo solicitadas por el periodista Huchi Lora, tal como establece una sentencia del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

Asimismo, las abogadas de Huchi, Melosa Sosa y Laura Acosta, anunciaron que hoy van a notificar formalmente tanto a la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) como a la Presidencia de la República, a través de la Procuraduría General de la República, para que también esta se vea conminada a entregar en el plazo de ley la información solicitada por su representado.

Las juristas advirtieron que si el director de la Opret, Diandino Peña, no cumple lo que ordena la sentencia será pasible de pena de prisión de seis meses a dos años, según establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. El pasado viernes el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo ordenó a la Opret entregar las informaciones sobre el presupuesto y otros detalles sobre el Metro solicitados por Huchi Lora, quien hizo la solicitud acogiéndose a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Molina Morillo, Cabreja, Sosa y Lora hicieron los señalamientos al participar como panelistas en el programa El Día, que se difunde por Telesistema, canal 11.

El presidente de la (SIP) consideró que lo más sensato sería que la sentencia fuera acatada sin reservas.

De no acatar la decisión del Tribunal, subrayó Molina Morillo, el gobierno no podría soportar el fardo que le caería encima como desconocedor de la ley, «eso es muy difícil del sostener».

Advirtió que la SIP se mantiene atenta a lo que va a pasar con la ejecución de la sentencia, «no se debe olvidar que la SIP cuenta con más de 1,300 periódicos y revistas afiliados en todo el continente y la opinión pública internacional está ya enterada y pendiente del desenlace de este capítulo».

Sostuvo que el gobierno no tiene alternativa en este caso y debe entregar la información sobre el Metro. Manifestó que si el gobierno acata la decisión del tribunal ganaría muchísimo como respetuoso y obediente que acata las leyes, «de no hacerlo, entonces estaría diciendo no me importan las instituciones, no me importa el Poder Judicial, no importa el ordenamiento jurídico del país. Creo que eso es bien difícil de hacer».

MAL PRECEDENTE

A juicio del director ejecutivo de PC, Javier Cabreja, un desacato a la sentencia que ordena al gobierno y la Opret entregar las informaciones en torno al Metro sería muy grave para los esfuerzos que se están haciendo para establecer un real estado de derecho, y sobre todo sería un desacato a un tribunal que tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales de los individuos.

Se trataría de un mal precedente que tendría consecuencias muy negativas para los esfuerzos que se están haciendo por consolidar la democracia en el país.

«No hay ninguna razón para desacatar la decisión de un tribunal y mucho menos las razones que se están alegando. Cabreja dijo que la sentencia tiene implicaciones importantes para los avances que en materia de transparencia está planteado en el país y con ella se  contribuye a que el Estado y los funcionarios públicos entiendan que tienen la obligación de informar a la ciudadanía respecto a las funciones que desempeñan y el uso de los recursos.

Destacó que la sentencia contribuye a que los funcionarios públicos entiendan que las informaciones no son privadas, y contribuye a combatir la cultura del secreto que predomina en sociedades tan cerradas como la dominicana.

Otras implicaciones que a su juicio tiene la sentencia a favor de que la OPRET entregue las informaciones sobre el Metro al periodista Huchi Lora son el fortalecimiento de la institucionalidad del país en tanto se entiende como fundamental que las leyes aprobadas no quedan como letra muerta; en segundo lugar, la Ley de Libre Acceso a la Información contribuye a que haya mayor respeto de los derechos que tienen los dominicanos.

Dijo que es fundamental que la sociedad haga conciencia de que los ciudadanos son sujetos de derecho. Empero, subrayó que el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes sólo son posibles en la medida que los ciudadanos presionen para que así sea, «este caso es una evidencia de que el trabajo, el esfuerzo y la presión de los ciudadanos contribuyen al respeto de los derechos fundamentales de los individuos y a que leyes como esta que ayudan a la transparencia sean implementadas».