El abogado Juárez Castillo Semán advirtió ayer que los legisladores e “intermediarios” que incurran en incumplimiento del mandato del transitorio vigésimo de la Constitución mediante la compra de una “reelección ilegítima” podrían hacerse pasibles de sanciones hasta de 20 años de reclusión por coalición de funcionarios.
Una nota dice que al presentar una ponencia en el segundo Foro Constitucional de la Fundación Prensa y Derecho en La Romana, sostuvo que la propia Carta Magna en su artículo 146 establece la proscripción de la corrupción y el uso de fondos públicos en provecho personal.

Advirtió que esa acción es sancionada con penas de 20 años de reclusión por el artículo 125 del Código Penal en el caso de que el crimen de la coalición de funcionarios devenga en un daño social a las instituciones, como trastorno al sistema político democrático o al sistema económico.

Adujo que, del mismo modo, esos funcionarios y legisladores estarían expuestos a ser juzgados por la Ley de Lavado de Activos debido al origen doloso de los fondos para una operación de compra de votos de congresistas.

“Una eventual trama de funcionarios para incumplir con la Constitución y la Ley, y además si media el soborno, el desfalco o lavado de activos, generaría concurso real de funcionarios y las infracciones previstas 123, 124, 125 y 177 del Código Penal”, alertó.

Castillo Semán dijo que para no cumplir con la prohibición constitucional de la reelección un grupo de funcionarios parece estar coaligado para producir una aparente reforma a la Constitución, cuando en realidad es una violación de un mandato expreso consignado por el transitorio vigésimo.

Afirmó que la Constitución no sería modificada pura y simplemente, sino que incumplirían la prohibición directa de repostulación al presidente Danilo Medina, “cuestión pedida, propuesta y aceptada por él mismo”.

Deploró el término de modificación para pretender disfrazar un “insensato” incumplimiento de la normativa constitucional.