El abogado penalista Cándido Simó entiende que el costo de los brazaletes electrónicos, medida que recién se implementa en el país, limita su acceso solo a las personas que tienen mayores recursos económicos.

El jurista sostiene que si se analiza el gasto que implica para el imputado que ser favorecido con esta modalidad de medida de coerción, en vez de prisión preventiva, es claro que los pobres no podrán optar por esta.

El pago promedio de un grillete o localizador electrónico tiene un costo promedio entre los 400 a 500 dólares o 15 dólares al día a la empresa que tiene a su cargo la vigilancia.

A juicio de Simó esto no es más que una privatización de la libertad, pues el suministro de este servicio está en manos de particulares y no del Estado, como cree debería ser.

Entiende que ese monto es muy alto, por lo que esa facilidad solo ha estado al servicio de los ricos.

“Es muy alto, en dólares y permanente, entonces las personas de escasos recursos no han podido acceder a el, ni podrán”, asegura el penalista.

Sin embargo aclara que favorece esta medida por ser un mecanismo eficiente para garantizar la medida de coerción de impedimento de salida del país, el arresto domiciliario, medidas que dice son difíciles de implementar precisamente porque no hay mecanismos de seguridad, situación que establece es la que ha causado haya tantas personas en rebeldía.

Pero cree que como es un servicio social, el Estado debe al menos subvencionarlo como lo hace con la gasolina y el gas propano y se propone hacerlo con el Internet.

Indica que en todas las partes del mundo donde la privación de libertad ha sido provista por empresas privadas han fracasado.
A principios de este año la Procuraduría General concedió a la empresa Monitoreos

Dominicana prestar este servicio a los imputados que calificaran para esto.
Pese a que el Código Procesal Penal lo establecía como una de las siete medidas de coerción, no se implementaba porque ninguna empresa había dado garantía de seguridad.

El primero al que se le impuso esa medida fue el abogado Renzo Hilario, acusado de intentar estafar a un imputado con la falsificación de una orden de libertad.