Abogado cuestiona redadas hace la Policía

Abogado cuestiona redadas hace la Policía

MAO. VALVERDE.   El experto en materia constitucional Cristóbal Rodríguez cuestionó las redadas que realiza la Policía Nacional en diversos puntos del país para prevenir acciones delictivas, y las calificó como “medidas arbitrarias e ilegales”.

Rodríguez dijo que los apresamientos de ciudadanos, sin los parámetros legales correspondientes, hacen pasibles a los agentes que los realizan de ser perseguidos y condenados judicialmente.

El reconocido abogado habló del tema en una conferencia sobre Los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, que dictó en el salón de sesiones Juan de Jesús Reyes, del ayuntamiento de este municipio.

Durante la actividad, el departamento de Prensa del cabildo puso en circulación una revista con las memorias del primer año de la presente gestión municipal, que encabeza el alcalde José Peralta.

Rodríguez resaltó la preponderancia que  da la nueva Constitución a los derechos de los ciudadanos e hizo hincapié en al derecho a la vida y la integridad física de las personas, así como el  a la propiedad, los derechos sociales y ambientales, entre otros.

“¿En nombre de qué; en nombre de qué derecho, de qué ley, de qué disposición jurídica, un agente del orden mete a 20 ó 30 personas en un vehículo de la Policía, sin cargos?; es decir, ¿porqué se los encontró, ¿por qué tenían tatuajes?”, se preguntó el experto en materia constitucional.

Sostuvo que las redadas policiales son mecanismos rudimentarios poco efectivos para combatir la criminalidad.

“La criminalidad se combate enfrentando las causas que la genera; no es matando gente ni metiendo gente inocente presa. Al que comete un hecho hay que meterlo preso, y la ley dice que se debe ser implacable con quien la viola; implacable, pero hay que saber quien fue que la violó. Entonces usted no puede agarrar 30 personas para luego darse cuenta que 29 no tenían nada que ver con lo que pasó”, enfatizó.

Rodríguez expresó que después que una persona es privada de su  libertad sin una causa justificada, no hay forma de resarcirle ese daño.

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