Una querella contra la jueza del Tribunal de Tierras del Departamento Este, con asiento en El Seibo, Catalina Ferreras Cuevas, fue depositada ayer en la Procuraduría General por abogados de la sociedad Budge Realty SRL, por presunta violación de los artículos 123, 124 y 126 del Código Penal, que tipifican las infracciones de coalición de funcionarios y prevaricación.
Se le atribuye favorecer al Central Romana Corporation LTD, con la supuesta anuencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y dos de sus hijos, en un conflicto de derecho inmobiliario.
En rueda de prensa ofrecida en la explanada frontal de la Procuraduría, el doctor Salvador Catrain explicó “lo difícil y accidentado” que ha sido el conflicto por la litis sobre derechos registrados interpuesta por el Central Romana, en los que Budge Realty participa como interviniente voluntario con derechos registrados en una de las parcelas en conflicto, debido a que previo a su designación como presidente de la SCJ, los abogados del Central Romana lo eran el doctor Mariano Germán y sus hijos Pavel y Rafael Germán Bodden.
“Si hoy nos vemos en la obligación de someter penalmente a la magistrada Catalina Ferreras Cuevas y a su asistente personal, Angela Díaz Mejía, es por la intromisión indebida en este caso de tierras, del doctor Mariano Germán Mejía y sus hijos, asistidos del doctor Juan Alfredo Avila Güilamo, quienes de manera corrupta, la han llevado a comulgar con los intereses en justicia del Central Romana”.
Pidió al procurador Jean Rodríguez gestionar ante la SCJ la designación de un juez especial, para que conozca medida de coerción en contra de las dos imputadas, y que ambas sean condenadas al pago de RD$75 millones.