Todavía el Tribunal Superior Administrativo no ha emitido una sentencia definitiva con relación al recurso de amparo interpuesto por un grupo de profesores contra la Ordenanza 24-17 del Ministerio de Educación, mediante la cual se designaron los nuevos directores regionales y distritales.
Así lo afirmó el abogado Gilberto Almonte, representante de los profesores y técnicos afectados, quien explicó que aún está pendiente de conocerse el fondo de la demanda.
La pasada semana el TSA rechazó el pedimento que buscaba dejar sin efecto la designación de los directores distritales de Educación.
Almonte aclaró que “para poder tener ganancia de causa, debe haber una sentencia definitiva, pero este proceso simplemente se ha fallado y se ha rechazado una petición”.

Asimismo dijo que el tribunal solo rechazó la petición de suspender la ejecución de la ordenanza, por lo que el proceso está sujeto a variar, ya que el juez “tocó parte del fondo que no debía tocar”.

Al destacar que el fondo de la demanda será conocido por un Tribunal Colegiado, dijo que no descartan acudir a otras instancias de ser necesario.

Dijo que la ordenanza viola la Constitución, ya que indica que los maestros que tengan más de 25 años en el sistema no puede participar en el proceso de las ternas.
“En su artículo 39 y en el 62 capítulo 5, la Constitución dice que “ningún ciudadano puede ser discriminado ni por religión, ni credo político, ni por edad o color”, señaló.

Subrayó que en medio del litigio se está buscando dar una interpretación “semántica” a las leyes, a las doctrinas y a la jurisprudencia, para hacer ver que “el ministro de Educación tiene el derecho de realizar las ternas”.
La decisión del tribunal. Según el juez Rafael Vásquez Goico, “el sistema de selección por la ordenanza atacada no violenta en esencia los textos de Ley 66-97 al momento de ser presentadas las ternas al ministro de Educación para la escogencia de los funcionarios por parte de la Comisión Nacional y las Juntas Regionales, en vista de que representa un paso de avance democrático con respecto al método previsto en la ley, reduciendo los márgenes discrecionales de los funcionarios”.