El abogado William Garabito afirmó ayer que el imputado en la matanza de Paya Luis de Jesús Lara Martínez no tuvo más relaciones que de trabajo con los colombianos asesinados en agosto del 2008 y que fue el  ex síndico, Albertino Peguero, quien lo recomendó con  Darío José Atencio Vargas (El Jefe o El Don), para que le remodelara su vivienda. Dijo que    remodeló el parque de ese pueblo.

Al presentar ayer las conclusiones orales en favor del comerciante  de Baní imputado en la muerte de los siete extranjeros, Garabito le solicitó a los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar inadmisibles las 18 pruebas testimoniales y materiales que el Ministerio Público le imputa.

Indicó que son los propios elementos que hace valer la  Fiscalía los que descargan a  Lara Martínez de la acusación de patrocinador de narcotráfico y complicidad de asesinato.

Sostuvo que no hay pruebas que vinculen a su defendido con el crimen de los colombianos, quienes tenían poco más de un mes residiendo en Baní, donde compraron una casa, que visitaban esporádicamente.

Garabito expresó que no tienen valor legal las declaraciones de los testigos que señalan a Lara Martínez con las múltiples muertes, debido a que sus argumentos son incongruentes, cuando son  comparados  con lo afirmado en el anticipo practicado al inicio de las investigaciones, el 16 de octubre del 2008.

 Garabito se refirió a los testimonios del ex coronel   Robert Peña Valdez y a los ex empleados de la casa de El Don: Mercedes Carvajal y su marido Emilio Bacilio Victoria.

Manifestó que Mercedes y Emilio certificaron que Lara tenía 15 días trabajando en esa casa, y que en ese tiempo no se pudo crear un vínculo con los muertos.

 Enfatizó a los jueces Alina Mora, Natividad de los Santos y Rafael Pacheco que las conclusiones de los fiscales vulneran el derecho de defensa de Lara Martínez.

Bienes de Lara Martínez.   Garabito   suplicó a los jueces rechazar el decomiso de los bienes del empresario, por el hecho de que no fueron pedidos en el acta de acusación. Dijo que la solicitud no fue hecha al juez de La instrucción que conoció la audiencia preliminar, quien tampoco autorizó la incautación de sus vehículos, casa y la finca, que dijo está a nombre de su hermano.

  Sostuvo que la ley establece que en cuanto se incautan vehículos referidos con lavados de activos,  el Ministerio Público debe publicarlo en un medio de circulación nacional, para que los terceros los reclamen. “Por eso procede la inadmisibilidad”.

Sigue el lunes.   El juicio fue aplazado debido a  la amenaza del huracán Tomás.