El abogado José Ricardo Taveras aseguró que el gobierno dominicano debe negociar con Estados Unidos para establecer acuerdos que eviten el beneficio de los delincuentes y narcotraficantes extraditados al país por medio de negociaciones con las autoridades norteamericanas.

“Hay que estar consciente de que contra el crimen organizado no se puede luchar si no se crean mecanismos de cooperación internacional y de eficacia legal para poder combatirlo porque es un tema complejo” precisó.

Según explicó, estas negociaciones están afectando enormemente al Estado mientras que los criminales deciden entregarse voluntariamente para salir en pocos años a disfrutar de sus bienes y las grandes sumas de dinero obtenidas por sus actos delictivos.

El abogado dijo que de realizarse los nuevos acuerdos no debe incluirse el perdón al patrimonio de los acusados en el trato de extradición además de definirse el procedimiento más conveniente para estos casos.

Estas declaraciones fueron realizadas en el programa radial «Revista Dominical Dejando Huellas», donde Taveras afirmó que existe un problema en la delación premiada que debe tratarse cuanto antes.

“No es tanto una delación premiada, debe ser una delación eficaz, porque no es que me digas algo, es que yo lo pueda corroborar y cuando lo lleve a un tribunal pueda meter preso al culpable”, señaló a Onorio Montás durante la entrevista.

También se refirió a la Ley de Extinción de Dominio, una herramienta jurídica existente en numerosos países que busca establecer el decomiso civil de patrimonios ilícitos con la finalidad de reincorporarlos al erario sin agotar juicios penales.

Taveras trabajó por esta ley desde la Fuerza Nacional Progresista (FNP), para impulsar en la constitución del año 2010 la posibilidad de su establecimiento.

Sin embargo, consideró que el país aún no está preparado para promulgar una ley de este tipo ante la falta de madurez de las instituciones del Estado y la incapacidad de hacerla cumplir.

“No me opongo a la Ley de Extinción de Dominio como tal, la valoro como una meta posible y necesaria, pero impertinente en este momento”, declaró.

En este sentido, dijo que la ley debe establecerse como una meta a implementarse en un mediano o largo plazo luego de agotar un proceso de reestructuración de las instituciones del Estado.

Explicó que con el nivel de corrupción que hay en instituciones como la Policía Nacional (PN), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las Fuerzas Armadas, entre otros organismos de seguridad, además de la debilidad institucional del Ministerio Público (MP) sería imposible que la Ley de Extinción de Dominio se utilice a beneficio de la sociedad.

“Una persona puede armar un expediente y decir que se adquirieron bienes de manera ilícita, decomisárselos y que esté perdido su patrimonio sin que eso sea sometido a un juicio de naturaleza penal que pueda determinar si usted es culpable o no. Imagínate la tentación que eso significa para los guardias, policías y fiscales inescrupulosos qué hay en este país” aseguró.

Además, resaltó que en el caso de hacer un decomiso civil sin previamente haber establecido la ilicitud un juez debe establecer su autorización, aunque sería difícil de probar. Consideró que el sistema de justicia ha mejorado bastante, sin embargo, no es suficiente para opacar los demás problemas en torno a esta ley. 

“Tenemos una procuraduría dirigida delincuencialmente, un Ministerio Público en capacidad de armar un expediente donde saben que los bienes que están acreditando son bienes anteriores a los eventos ilícitos que se están imputando”, explicó.

De acuerdo con el profesional del derecho, otra razón para trabajar a favor de fortalecer las instituciones del Estado está relacionada con la comunidad internacional.

Alegó que en el país se hacen actos de genuflexión peligrosos para los intereses del país y para la consolidación de las instituciones de la República a favor de los organismos internacionales cada vez qué hay temas que lesionan los intereses extranjeros.

“Desde las grandes potencias se trazan pautas y se crean proyectos de leyes marcos y eso se socializa y se baja a los países miembros con recomendaciones de que sean aprobados por sus órganos internos. Cuando los imperios tienen interés de ejercer un control es porque afecta a esos intereses y tienden a ejercer una presión diplomática”, declaró.