Abogado Namphi insta TC decidir recursos primarias

Abogado Namphi insta TC decidir recursos primarias

El abogado Namphí Rodríguez instó al Tribunal Constitucional a pronunciarse en un plazo razonable sobre una acción de inconstitucionalidad de la que está apoderado que pudiera definir los efectos jurídicos del acuerdo arribado por la Junta Central Electoral (JCE) con los partidos mayoritarios para que el Estado sufrague el costo de las primarias simultáneas al margen de la Ley de Partidos Políticos.
El experto en derecho Constitucional dijo que en el ordenamiento jurídico actual resultaría inconstitucional hacer una provisión de fondos a la JCE fuera de su presupuesto para costear alrededor de mil quinientos millones de pesos para organizar las primarias.
Subrayó que la Ley 33-18, de Partido Políticos, no previó una fuente real de financiación de las primarias, sino que en su artículo 47 consignó una “imprecisa y dudosa” definición de la consignación de fondos, y en tal sentido dispone que “los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.

Rodríguez sostuvo que asignar fondos pura y simplemente a la JCE violaría los artículos 236 y 237 de la Constitución.
De su lado, Participación Ciudadana afirmó que la decisión del organismo comicial de asumir RD$1,249 millones del costo total de las primarias, es decir, el 85 % de los gastos totales de RD$1,449 millones, es altamente perjudicial para la ciudadanía, que es la que tiene que pagar estos costos, originados por la incapacidad de los partidos para manejar su democracia interna y usar los recursos que se les asignan.
Señala la entidad que el monto estimado a gastar, es superior a las transferencias que el gobierno central asigna a 122 ayuntamientos y a siete ministerios juntos: el de la Mujer, Administración Pública, Energía y Minas, Trabajo, Cultura y Deportes.

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