Uno de los abogados del Estado, doctor Carlos Salcedo, dijo ayer que aunque la libertad es la regla, en el caso BANINTER es la excepción, por entender que los acusados en libertad entorpecerían los procesos y harían todo lo posible por los recursos económicos y políticos que tienen en sus manos, para distorsionar y desnaturalizar el proceso.

Salcedo hizo sus declaraciones a HOY, al ser preguntado sobre la decisión de la Cámara de Calificación, de otorgar libertad provisional bajo fianza a los banqueros Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco.

Sostuvo que en interés del proceso, el legislador constituyente y los propios pactos internacionales como el de derechos civiles y políticos y todas las convenciones internacionales de las cuales el país forma parte, establecen que de manera excepcional el legislador puede establecer limitaciones a los derechos fundamentales.

«Esas limitaciones pueden ser generales o particulares», añadió, tras lo cual insistió en que el legislador dominicano ha establecido limitaciones en casos en los que la propia Constitución y los pactos internacionales, establecen la posibilidad de restricciones al estatuto de libertad.

Señaló que la ley 72-02 es precisamente portaestandarte de lo que puede ser la excepción, en atención a la magnitud de los hechos y el daño que puede ocasionar el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

«Nadie puede dudar la magnitud de los daños que ocasionan acciones tan deleznables, tan desaforadas como las de incrementar el patrimonio personal familiar y de los allegados, atendiendo a infracciones o distracciones de recursos que provienen de actividades ilícitas», explicó.

Dijo que la propia resolución de la Cámara de Calificación, contradice los propios pactos internacionales y la propia Constitución de la República, que son las bases de sustentación de la propia resolución.

Agregó que con esa resolución “se sienta un precedente de que nadie, en ningún momento, no sólo Ramón Báez, sino cualquier persona en este país, no podrá ser traducido a la prisión preventiva”.

«Esa es una manifestación clara de que a pesar de los avances que ha experimentado el Poder Judicial en el país, aún hay grandes limitaciones e ignorancia supina sobre lo que es la interpretación y aplicación de la ley constitucional», dijo Salcedo.

Descartó que se viole la presunción de inocencia, con el hecho de que la ley establezca la no concesión de fianzas, debido a que la presunción lo que significa es que es al Estado, al Ministerio Público o a la parte civilmente constituida, a la que le corresponde probar la culpabilidad de una persona.

Indicó que Báez Figueroa ha tenido su derecho a la defensa porque tiene buenos abogados, con los que está debidamente asistido.

«Por lo tanto, la presunción de inocencia no se contradice con la prisión preventiva, todo lo contrario, todos los autores que tratan problemas constitucionales, establecen que no existe tal contradicción», dijo.