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El abogado penalista Francisco Álvarez Martínez expresó este martes su preocupación sobre la Ley de la Declaración Jurada de Bienes en el país, calificándola como una normativa con «problemas de base» debido a la falta de sanciones claras y efectivas.
Álvarez Martínez señaló que la norma actual, que ha regido durante los últimos 15 años, está llena de «elementos grises» que se interpretan de acuerdo con las necesidades políticas de los funcionarios del momento.
«Tenemos casi como un meme el hecho de que alguien no presente su declaración, dicen que no van a cobrar su sueldo, pero que obviamente le van a pagar , y al final, la sanción no es ni la destitución ni una investigación seria», comentó el abogado.
A pesar de estas deficiencias, enfatizó la necesidad de cumplir con la normativa vigente mientras no se realicen reformas.
Propuesta de reformas y mayor claridad en el proceso
En su intervención, Álvarez Martínez presentó una serie de propuestas para mejorar la Ley de la Declaración Jurada de Bienes.
Entre ellas, sugirió que los funcionarios públicos deberían actualizar su declaración cada vez que haya cambios significativos en su patrimonio, y no solo al inicio y al final de su mandato.
«Debe haber un cierre claro al terminar su función«, subrayó.
El abogado también cuestionó algunos de los requisitos actuales de la ley, como la solicitud de copias de los pasaportes de los funcionarios públicos.
«No veo la utilidad de pedir fotocopias de un pasaporte sin explicar claramente para qué se va a utilizar esa información», indicó.
Soluciones claras y efectivas para el incumplimiento
En cuanto a las sanciones, Álvarez Martínez criticó las soluciones «populistas» que se han propuesto, como retener el salario de quienes no presenten su declaración a tiempo.
«Evidentemente, tenemos funcionarios que no presentaron la declaración y aún así cobraron su sueldo. Esa no es una solución real», afirmó.
En su lugar, propuso una medida más contundente: la inhabilitación para ejercer el cargo público hasta que la declaración sea presentada correctamente.
Además, sugirió que las declaraciones con inexactitudes podrían llevar a la suspensión del funcionario.
Álvarez Martínez concluyó insistiendo en la necesidad de que la ley sea clara, que se definan con precisión los alcances de la declaración jurada y que las sanciones sean justas, transparentes y verdaderamente disuasivas.
Estas declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistado en el programa El Día.
