Los abogados Laura Acosta Lora y Nassef Perdomo acordaron cobrar RD$17,200,800 por asumir la defensa de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) en la litis sobre derechos registrados en nulidad de operaciones de transferencias y de mesura, sobre las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155, donde está ubicado el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.

Es el sonado caso donde Corde fue víctima de un fraude inmobiliario en las citadas parcelas, por la venta inconstitucional y fraudulenta de solares propiedad del Estado, a la compañía Titulatec.

La contratación de ambos profesionales estuvo sustentada, conforme precisa el acuerdo de servicios profesionales, de fecha 6 de septiembre de 2019, en los decretos 392-16 y 16-17, mediante los cuales fue creada la comisión presidencial para dar seguimiento al caso.

La comisión era integrada por Flavio Darío Espinal, exconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo; José Dantés, exdirector de la Comisión Permanente de Titulación de los Terrenos del Estado y Lidio Cadet, exdirector de Ética e Integridad Gubernamental.

Por partidas. De acuerdo con el acuerdo de servicios profesionales, los abogados Acosta Lora y Perdomo recibirían RD$17,200,800 en partidas, un primer pago de RD$6,000,000, más Itebis, con la firma del acuerdo (6 de septiembre de 2019).

Luego recibirían un segundo pago de RD$2,000,000, más Itebis, 60 días con posterioridad a la firma.

Precisa que el monto restante, RD$9,200,800, más Itebis, sería pagado en seis cuotas consecutivas por un monto de RD$1,533,466.67, debiendo la primera cuota iniciar 30 días después del segundo pago. Estos pagos, establece deberían pagarse entre los días primero y cinco de cada mes, consecutivos, hasta su saldo final.

Precisa el acuerdo que, aunque fue firmado en la fecha antes indicada los abogados Acosta Lora y Perdomo habían presentado su propuesta de honorarios por concepto de representación legal el 17 de mayo de 2017, lo cual fue aceptado por la comisión.

Los honorarios convenidos entre las partes cubren las actuaciones legales y procesales hasta la obtención de una sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Precisa que el contrato podrá ser modificado mediante un documento formal por escrito denominado addendum, aceptado y firmado por las partes.

Con relación al caso, el 27 de febrero de 2017, la comisión presidencial determinó que el Estado no podía reconocer las ventas por ser “contrarias a la Constitución y la ley”, recomendó demandar de manera inmediata, ante la jurisdicción competente la nulidad de las acciones.

Fue ante esa recomendación que el presidente Danilo Medina emitió el decreto 16-17, de fecha 17 de febrero de 2017 mediante el cual instruyó a la comisión dirigir el proceso de disolución y transferencia de titularidad del patrimonio de Corde y las empresas bajo su administración.

Fue en esa misma fecha, 17 de febrero de 2017, que la comisión procedió a contratar a los abogados Acosta Lora y Perdomo, quienes conforme el contrato asumieron de inmediato la preparación, investigación y análisis de la situación relativa a la venta fraudulenta de la Urbanización Los Tres Brazos.

Precisa el acuerdo que en casi dos años de investigación los abogados contratados recopilaron cientos de elementos probatorios para poder sustentar la nulidad de las ventas fraudulentas ante la jurisdicción inmobiliaria.

Fue presentado ante el Tribunal de Tierras formal instancia en litis sobre derechos registrados en nulidad de transferencia y operaciones técnicas de mesura, realizadas fraudulentamente sobre las citadas parcelas. La acción de nulidad fue acompañada de 386 medios probatorios para sustentarla.