Hoy 
POR TANIA HIDALGO
Al continuar por segundo día consecutivo la presentación de su discurso conclusivo, el consejo de defensa de Luís Alvarez Renta refutó la acusación de lavado de activos presentada por el Ministerio Público y la parte civil.
Eric Raful, coordinador del consejo de defensa del financista, analizó detalladamente las únicas tres transacciones que, a su entender, deben ser objeto del juicio, tomando en cuenta la providencia calificativa que fue el límite del apoderamiento.
Durante la fase final del juicio de fondo que se le sigue a los imputados en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter), Raful explicó que la primera transacción tiene que ver con las operaciones relacionadas con los cheques de la cuenta corriente de Bankinvest en el Baninter, por un monto aproximado de diez millones y medio de dólares, todos autorizados y pagados entre el 24 de marzo y el 11 de abril del 2003.
La segunda es la carta de crédito del Banco Mercantil del 27 de noviembre de 1997, por un valor de 12 millones y medio de dólares; y tercero, la carta de crédito del International Bank of Miami del 17 de enero del 2003, por un valor de seis millones 200 mil dólares, totalmente pagada por Alvarez Renta.
Significó que la providencia calificativa al entender los famosos memorandos confidenciales como el supuesto hecho constitutivo de la infracción grave previa, y al mismo tiempo desvincular totalmente a Luis Alvarez Renta de Baninter, borra toda posibilidad o asomo de que éste pudiera conocer la referida infracción, encarnada nada más y nada menos que en un mecanismo interno, privado y confidencial del citado banco.
Insistió en señalar que esas operaciones estaban debidamente transparentadas y con la documentación adecuada.
Con relación al caso son procesados además de Alvarez Renta, Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa.
El grupo fue sometido a la justicia en mayo de 2003 acusado de un fraude en la entidad bancaria ascendente a 55 mil millones de pesos.
El juicio de fondo, iniciado en abril del año pasado, está ya en su fase final. El conocimiento del caso está a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado además por Pilar Rufino y Yisselle Méndez.
LAVADO DE ACTIVOS
De su lado, Salvador Catrain, también del consejo de defensa del economista, al intervenir durante la audiencia de ayer presentó una amplia lista de alegadas evidencias que sustentan la inocencia de su cliente, incluyendo los reiterativos fragmentos de testimonios de los principales testigos del caso.
Catrain sostuvo que en el juicio no se ha demostrado la evidencia de ocultamiento, ni encubrimiento del supuesto origen ilícito de los bienes o fondos en ninguna de las supuestas operaciones calificadas de lavado de activos.
Dijo que contrario a la generalidad de los casos, para el proceso Baninter el lavado de activos no fue una actividad delictiva compleja, delicada y de difícil detección, ya que no había nada oculto o encubierto, todo yacía en los archivos de la entidad. Toda la supuesta evidencia de lavado aparece sin ninguna necesidad de búsqueda o escudriñamiento.
Agregó Catrain que los propios informes de hallazgos de la Comisión de Liquidación incorporados y acreditados por los actores civiles y el Ministerio Público como pruebas demuestran la ausencia total de ocultamiento.
Tras señalar que el lavado de activos implica necesariamente la existencia de la triangulación, es decir que los recursos blanqueados vuelvan al patrimonio de quien promueve el delito, Catrain aseguró que no se ha podido encontrar ninguna suma considerable de recursos que haya ido a parar a las manos de Ramón Báez Figueroa, el supuesto jefe de la conspiración.
Afirmó que no hay evidencias ni pruebas de triangulación, todo lo contrario, las evidencias apuntan a que estas transacciones estaban justificadas, que fueron conocidas por todas las partes y documentadas.
Recordó que Zunilda Paniagua, principal testigo de la acusación, reconoció bajo juramento que todas las transferencias fueron rastreadas a cuentas controladas por Alvarez Renta en la Florida, y que no existen evidencias de que ningún monto significativo fuera a parar a manos de Báez Figueroa o sus empresas.
Dijo que el ex gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, también declaró en el juicio que no tenía conocimiento de que ninguna cantidad significativa de fondos transferidos por Alvarez Renta haya ido a parar a las cuentas del presidente de Baninter.
Recordó que Báez Cocco y su defensa técnica justificaron la emisión de los memorandos confidenciales como parte del proceso de fusión de Baninter y el Banco del Progreso, lo cual fue ratificado por el testigo Pedro Castillo.
La licenciada Paniagua, agregó Catrain, también admitió que la comisión que ella presidía no tenía evidencias de que Alvarez Renta hubiera suscrito o conociera de los memorandos confidenciales.
Todo lo demás, inclusive lo intentado deslealmente por el Ministerio Público y los actores civiles en sus discursos de cierre, proponiendo la variación y ampliación de la calificación, constituye un mero contrabando de cargos y tipos penales, promovidos abusivamente con el fin de pedir penas mayores e inaplicables en contra de Alvarez Renta, pero sobre todo procurando maliciosamente condicionar y prejuiciar la conciencia de la opinión pública y la sana crítica de los magistrados, manifestó Catrain.
Igualmente sostuvo que Bankinvest jamás participó como empresa fantasma o fachada, al tiempo de señalar que la misma tuvo gran actividad comercial y fue gestora de importantes negocios a nivel nacional e internacional.
OBJECIONES
Durante la audiencia de ayer también intervino el abogado Santiago Rodríguez, quien se refirió a las objeciones e impugnaciones hechas a las pruebas presentadas por la parte acusadora.
Completa la defensa de Alvarez Renta, el abogado Joaquín Zapata.
CONTINUAN HOY
Cerca de la 7:00 de la noche, el abogado Catrain pidió al tribunal recesar la audiencia para hoy, ya que se encontraba agotado y no estaba en condiciones para pronunciar el discurso de cierre, el cual estaba bajo su responsabilidad.
El magistrado le advirtió que hoy debería finalizar su exposición en el tiempo máximo de una hora.
Posteriormente, le tocaría presentar sus conclusiones al consejo de defensa del coimputado Troncoso Ferrúa, el cual está integrado por Reynaldo Ramos, Rafael Cáceres y José Mora.
Conclusiones
Como parte de la fase final del juicio Baninter ya concluyeron el Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Danny Germán Villalona y Francisco García, así como la parte civil, a través de los abogados Artagnan Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo, Carlos Salcedo, Francisco Alvarez, José Lorenzo Fermín, Tomás Hernández, Teobaldo Durán, Francisco Benzán y Manuel Sierra, quienes pidieron al tribunal condenar a los imputados a penas de entre 6 a 20 años de prisión y al pago de multas que oscilan de un millón a dos millones quinientos mil pesos.
La Autoridad Monetaria y Financiera también pidió que los imputados sean condenados al pago de manera solidaria de una indemnización de 64 mil millones de pesos.
De su lado, los abogados de Báez Figueroa y Báez Cocco, quienes se hacen representar por Marino Vinicio (Vincho) Castillo, Juárez y Vinicio Castillo Semán, José Antonio Columna, Tony Delgado y Joan Alcántara solicitaron al tribunal declarar a sus clientes no culpables de haber incurrido en violación al artículo 408 del Código Penal que tipifica el abuso de confianza.
Asimismo, solicitaron que se les declare no culpables de haber violado la ley de la lavado de activos, aunque admitieron haber incurrido en violación a la Ley General de Bancos (ya derogada) o, en su defecto, a la Ley Monetaria y Financiera y, en consecuencia, que se le imponga una sanción menor a la pena mínima que establece esa legislación para los hechos cometidos, toda vez que eran comunes a toda la banca nacional. En el caso de Báez Cocco en esta fase sólo se determinará su culpabilidad o no y posteriormente se conocerá otro juicio para establecer la pena a imponer (juicio a la pena).
De su lado, el consejo de defensa de Vivian Lubrano, integrado por Rolando de la Cruz Bello, Ricardo de León y Gustavo Biaggi pidieron al tribunal descargar a su defendida de toda responsabilidad penal.
