Un abogado, un juez  y   la Fundación Justicia y Transparencia, (FJT) respaldan la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de traducir al Ministerio Público a los jueces cancelados por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, pero le recomiendan evitar que la investigación que hará la Procuraduría General adquiera  un matiz político.

El  abogado Cándido Simón considera que esta  medida tiene fundamento desde el punto de vista jurídico, que se corresponde con el tratamiento que se le da a los casos de policías y de militares que incurren en faltas. Pero le advierte al Consejo del Poder Judicial que impida que esta actuación ponga en riesgo la democracia y que le infunda temor a los jueces a la hora de fallar ciertos casos. pidió al Consejo manejar el principio de la imparcialidad. 

Mientras, un juez que habló bajo reserva de su  nombre, acepta que sean  sometidos al Ministerio Público los jueces por soborno, prevaricación o fraude. Pero pidió que se revise  bien los casos, ya que pueden cancelarlos por evaluación insuficiente durante varios años, “y eso jamas será un delito”.

En tanto, el  presidente de la FJT, Trajano Vidal Potentini, aplaudió la medida  y resaltó que  fue un pedimento de su entidad,  luego de una evaluación,  para que sean separados los jueces que traicionen la confianza del Poder Judicial.

La clave
Lo dispuesto por la  SCJ

El presidente de la Suprema y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, dijo que se trata de la idea, tras la nueva política, de que la Procuraduría de la República continúe las investigaciones y tome las medidas de lugar en caso de que haya una falta grave. Para Trabajo Vidal Potentini, el juez que cometa falta grave no puede ser enviado a su casa.