POR TANIA HIDALGO
Los abogados de la defensa de Ramón Báez Figueroa objetaron ayer  ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional más de 20 documentos que habían sido incorporados como pruebas por el Ministerio Público y la parte civil, tras ser examinados conjuntamente con la testigo Zunilda Paniagua, porque a su entender no cuentan con el aval de firmas auditoras independientes.

En los documentos se hacía referencia a los montos sobregirados a favor de las cuentas GAPERAN (gastos personales de Ramón Báez Figueroa, ascendentes a más de mil millones según la acusación) y de los medios de comunicación RNN y Telecentro, los cuales, de acuerdo a la testigo, posteriormente eran eliminados.

El jurista  hizo referencia al artículo 63, acápite b de la Ley Monetaria, la cual establece que cuando una autoridad interviene un banco tiene que levantar un inventario ante notario de todo lo que encontró ahí, por lo que pidió al tribunal no tomar en cuenta esas pruebas al momento de hacer su valoración y emitir una decisión en torno al caso.  

 “Ninguno de esos documentos fueron objeto de una auditoría imparcial, es decir que hay que creerles a los funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía lo que ellos dicen que había ahí”, dijo Juárez Castillo Semán al señalar que la testigo declaró que esos documentos no habían sido auditados por una firma al margen de las autoridades monetarias y financieras.

A seguidas añadió que en la audiencia “se ha ido demostrando documento por documento  que es una versión formada en base  a lo que ellos (autoridades intervinientes) han dicho que pasó en el BANINTER y no de lo que alguien imparcialmente comprobó. Nadie puede formal la prueba de su propia acusación porque para eso es la justicia”.

El abogado le preguntó a la técnico en asuntos bancarios si las autoridades habían convocado a las personas supuestamente favorecidas con los sobregiros para verificar si los mismos eran reales o no, a lo que ella respondió de manera negativa.

Al evaluar el testimonio de Paniagua, Castillo Semán dijo que ante lo positivo que ha sido para ellos su comparecencia, estudian la posibilidad de renunciar a más de 60 pruebas de las que tienen previsto presentar, así como a decenas de testigos a descargo, “porque sacarle este tipo de declaraciones a la parte acusadora es una gran satisfacción”.

Ante una pregunta  formulada por Castillo Semán de por qué las autoridades no tomaron en cuenta al momento de cuantificar los activos del banco el canal 13 y RNN, ella respondió que esas empresas no estaban registradas dentro de los activos de la quebrada entidad bancaria.

Sin embargo, Carlos Salcedo, de la parte civil constituida, dijo que Paniagua dejó claramente establecido que esos documentos no fueron generados por la comisión de intervención como el abogado (Castillo Semán) quiere señalar, sino que fueron  generados por los imputados a través de los funcionarios de cada departamento.

“Los sobregiros no los generó la Comisión de Liquidación, porque estaban ahí cuando las autoridades llegaron. Simplemente la instrucciones que dieron las autoridades para poder hacer el análisis era que se imprimieran los documentos que ya estaban en el Interbanco y en banco Intercontinental, producto de lo que hicieron el 21 de marzo, previo al intento de fusión”, señaló.

Explicó que juntaron lo que era el Interbanco y el BANINTER oficial, “por tanto los documentos se generaron producto de las actuaciones de los hoy imputados”.

Contrario a lo sostenido por Juárez, Salcedo expresó que la testigo ha reiterado que las cuentas con sobregiros fueron borradas mediante memorandos confidenciales autorizados por  Marcos Báez Cocco.

De igual manera, refirió que ella señaló que los documentos que avalan los sobregiros fueron “vistos” por varias firmas de auditores, tales como BDO Ortega y Asociados y Martínez y Asociados.

“Ellos solamente tienen la esperanza y están trabajando estratégicamente en ese sentido, de manera que el juicio perima, al cabo de los cinco años, que es el tiempo establecido en el Código Procesal Penal para el conocimiento de estos casos”, adujo. 

Empero, advirtió que no lo permitirán “porque lamentablemente para ellos este caso tiene que sentar un precedente para que en la nación dominicana se institucionalice definitivamente el sistema de justicia”.

En varias ocasiones, el abogado Juárez pidió a la testigo que se limitara a responder las preguntas formuladas y a no ofrecer mayores explicaciones sobre las mismas.

El proceso fue aplazado para el próximo jueves a las 9:00 de la mañana, cuando Paniagua continuará siendo interrogada por los abogados de Báez Figueroa.

En el proceso figuran además de Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa.