Los abogados del Banco Providencial, Eduardo Jorge Prats y César Amadeo Peralta, afirmaron que los accionistas de esa entidad de intermediación financiera han sido despojados irregularmente de sus activos para favorecer a un grupo de extranjeros que se han beneficiado “enormemente de la intervención y posterior disolución”.

Señalaron que mientras eso ocurre contra los ejecutivos del banco Iván Aquiles Hernández Oleaga e Ivette Hernández, se han hecho publicaciones periodísticas que procuran un juicio social y moral antes de que los tribunales conozcan formalmente de las imputaciones penales y de los recursos que reposan en el Tribunal Superior Administrativo.

Aseguraron que hubo gravísimas falencias procesales y circunstancias fácticas que dieron lugar a la intervención del Banco Providencial y los intereses privados que participaron en el irregular proceso de disolución.

Explicaron que el banco, autorizado a operar en 2006 y desde entonces ha prestado servicios financieros de manera ininterrumpida, mostrando para el 2012 un índice de solvencia de 11.81% y un sobrante de capital de 5.37 millones y que para el 2016 presentó problemas de liquidez por situaciones operativas comunes en este tipo de negocios, por lo que sus accionistas decidieron firmar una carta de intención con inversionistas extranjeros para la compraventa de sus acciones con la finalidad de inyectar capitales frescos y mantener estables las operaciones.

Detallaron que la transacción consistía en la adquisición por parte del Activo International Bank del 85% de las acciones del Providencial y Hernández y sus hijos mantendrían el 15% restante.

De igual forma, los inversionistas extranjeros adquirirían la mayoría de las acciones de las sociedades Guardianes Lince y Herbon Envíos EP, de la familia Hernández, lo cual inyectaría inmediatamente RD$160 millones en el Providencial.

Dijeron que durante las negociaciones, la Superintendencia de Bancos determinó que existía una falta de activos de RD$775.98 millones, por lo que interviene al Banco Providencial, exigiendo a sus accionistas el aporte de inmuebles para poder concretizar las negociaciones, por lo cual la intervención se hizo por problema de liquidez y no por desvío de dinero o prácticas corruptas, por lo cual la familia Hernández aportaron inmuebles por RD$158 millones con lo cual permitirían continuar con las negociaciones. A este monto se le debe sumar RD$229 millones del total de activos del Providencial más efectivos por RD$123 millones.

Riesgo sistémico. Los abogados afirmaron que en lugar de materializar el acuerdo suscrito entre los accionistas del Banco Providencial y los inversionistas extranjeros, la Superintendencia de Bancos implementó el Programa Excepcional de Riesgos Sistémicos porque la iliquidez del referido banco supuestamente representaba un riesgo para las entidades financieras que le aprobaron líneas de crédito y que ascendían a RD$258.05 millones que se encontraban repartidos entre siete entidades de intermediación financiera distintas.

Detallaron que la implementación de este programa le permitió a la Superintendencia de Bancos intervenir rápidamente al Banco Providencial, ordenar su disolución y vender sus activos al Banco Activo Dominicano, entidad que tuvo la “buenísima” suerte de adquirir una autorización para operar como banco múltiple y solo tuvo que invertir de RD$114 millones, en vez de pagar RD$160 millones por el 85% de las acciones del Providencial más inyectar capital para su transformación.

Los abogados criticaron que con el programa los inversionistas extranjeros pagaron mucho menos dinero y obtuvieron mucho más de lo que originalmente buscaban. “No cabe duda que fue un magnífico y extraordinariamente lucrativo negocio para esos inversionistas extranjeros”.