Neulyn González 
Los Abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre solicitaron suspender en sus funciones a la coordinadora del Nuevo Modelo Penitenciario, en foto : Cristian Martínez, Francisco Albares , Romer Giménez HOY Duany Nuñez 26-7-2021
Los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado del caso de corrupción Coral, solicitaron ayer la suspensión y la imposición de medidas disciplinarias contra la coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Hilda Lagombra Polanco, debido a “las constantes violaciones para impedir el ejercicio de la legítima defensa de su representado”.
Los representantes legales Cristian Martínez, Francisco Álvarez y Romer Jiménez afirman que se les ha hecho “casi imposible” reunirse con su defendido, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Najayo desde mayo pasado, debido a las “trabas” que colocan en el centro penitenciario, lo que, según los togados, violenta el debido proceso.
“Es imposible que los abogados podamos reunirnos con Adán Cáceres en la intimidad que se promueve para poder preparar su defensa, pues o nos colocan un guardia al lado todo el tiempo o nos filman, o simplemente no nos dejan entrar con los utensilios de trabajo”, aseguró Álvarez.
Calificaron de “insólito” que el 19 de julio pasado tenían una cita para ver a su defendido a las 3:00 de la tarde, firmada y autorizada por la coordinadora del MGP, y que “luego de esperar más de una hora, como otras veces, en pleno sol, nos informaron que no se podía realizar”.
Mediante una misiva dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, demandaron aplicar sanciones disciplinarias contra los ejecutores del Estado dedicados a “impedir” el ejercicio del derecho de defensa del imputado y que sean sometidos ante la justicia.
Interrogatorio sin abogados. Los togados denunciaron que una persona de apellido Popoter intentó practicar un interrogatorio a su defendido sin la presencia de sus abogados y sin explicar el propósito del mismo, en franca violación del debido proceso de ley, y que en otra ocasión unas ocho personas intentaron hacer lo mismo.
Dicen que cada vez que el imputado eleva denuncia sobre esto, el “equipo operativo” de la PGR “procede a apretar más al denunciante para callarle”.
