Reiteran su petición de una sanción   por debajo del mínimo  en  la Ley General de Bancos o, en su defecto, por debajo del mínimo previsto por la Ley  Monetaria y Financiera

POR TANIA HIDALGO
El consejo de defensa de Ramón Báez Figueroa pidió  anoche al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar a su cliente no culpable de la comisión de los crímenes de lavado de activos y de abuso de confianza, y en consecuencia, rechazar la petición de 20 años de prisión hecha por el Ministerio Público y la parte civil constituida.

Juárez Castillo Semán, al finalizar el discurso conclusivo de su cliente, durante la fase final del juicio de fondo seguido a los imputados  en el alegado fraude del Banco Intercontinental (Baninter), solicitó a los magistrados Antonio Sánchez  Mejía (presidente), Pilar Rufino y Yisselle Méndez, variar la calificación dada a la acusación para incluir violaciones a la Ley General de Bancos número 708, “pero haciendo aplicación del principio  de la favorabilidad en beneficio del imputado cuando se presenta la derogación de una ley por otra, que sanciona la misma conducta con diferentes penas”.

En ese sentido, especificó que en virtud de lo establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, “impongáis al imputado una sanción penal  por debajo del mínimo del tipo permitido en el artículo 35 de la Ley General de Bancos o, en su defecto, por debajo del mínimo previsto por la Ley  Monetaria y Financiera número 183-02”.

El jurista explicó que La ley General de Bancos establece para este tipo de imputaciones penas entre dos a cinco años, mientras que la Ley Monetaria estipula sanciones que oscilan entre tres a diez años.

Castillo Semán argumentó su pedimento en que las conductas previstas y sancionadas por estas disposiciones  penales, al ser comunes  a toda la banca “crearon en la psiquis del imputado no sólo la impresión errónea, sino la evidente seguridad de que estaban permitidas y no tenían carácter o índole criminal”.

Además de Castillo Semán, la defensa de Báez Figueroa la integran Marino Vinicio (Vincho) Castillo, Vinicio Castillo Semán y José Antonio Columna. 

Por el supuesto fraude cometido en el  Baninter ascendente a 55 mil millones de pesos son procesados en adición a Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa.

RENUNCIA AL DERECHO DE RESTITUCIÓN
Asimismo,  el abogado concluyó señalando que su cliente renuncia en nombre propio  y por las compañías Inmobiliaria RB S.A., Inmobiliaria Intercontinental, Grupo Intercontinental y Group Wide Internacional a los derechos de restitución sobre estos bienes,  cuyo decomiso fuera solicitado por el Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Francisco García y Danny Germán Villalona.

“Tales bienes fueron originalmente propuestos a la Autoridad Monetaria del gobierno anterior  para que pudieran servir para cubrir cualquier desfase entre los activos y pasivos de Baninter que hubiere podido determinarse de manera fehaciente e inequívoca, lo cual nunca se hizo”, expresó Castillo Semán al dar lectura al documento de 20 páginas.

EXCLUSION DE PRUEBAS
El abogado pidió al tribunal ordenar la  exclusión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y el actor civil, ya que fueron obtenidas de manera ilegal por la Comisión de Administración designada por las autoridades monetarias de entonces.

En ese aspecto, reclamó también la exclusión   como prueba del presente proceso del denominado “informe Aurich”, elaborado por el perito designado por la Suprema Corte de Justicia Luis E. Aurich, toda vez que  el autor del mismo “confesó una serie de hechos y circunstancias que privan  su trabajo de toda importancia y procedencia”.

“Que como consecuencia de las exclusiones probatorias solicitadas, rechacéis las conclusiones del Ministerio Público y el actor civil por no estar sustentadas en pruebas obtenidas legalmente o, en su defecto, por no establecer la prueba alegada, los hechos que constituyen la base de la acusación penal  y de la acción civil resarcitoria más allá de la duda razonable que le favorece al imputado”, precisó el abogado que durante cinco días consecutivos tuvo a su cargo la ponencia del discurso conclusivo del imputado..

El sexto día le tocó el turno a su colega Columna, mientras que ayer (séptimo día) expuso Vincho Castillo, quien se extendió hasta caer la tarde, cediendo el pódium  a su hijo Juárez, sobre quien recayó la responsabilidad de hacer las puntualizaciones finales. 

CRITERIOS QUE FAVORECEN AL IMPUTADO
Juárez exhortó al tribunal que al momento de determinar la pena a imponer tome en cuenta a favor del imputado su personalidad y su buena índole, como ser humano, “demostrada en la actitud estoica y responsable que asumió desde  el primer momento, aún luego de ser una víctima propiciatoria de un poder político truculento y desbordado que decretó su perdición respondiendo a fines y móviles realmente inconfesables”.

Además el grave efecto futuro que tendría sobre él y sus familiares la imposición de una condena injusta, excesiva y no equitativa “y lo que puede entrañar una decisión de esta naturaleza, de implícita condonación o justificación de los desafueros criminales cometidos por la autoridad del gobierno anterior en contra de dicho imputado”.

Asimismo, solicitó al tribunal tomar en cuenta que las infracciones cometidas, “por demás sistémicas a toda la banca, no fueron las que produjeron el colapso de Baninter y la consecuente secuela de enorme perjuicios económicos para el país, sino que el mismo se produjo finalmente por el cúmulo interminable de violaciones constitucionales y legales en que incurrió la autoridad en perjuicio del banco y de sus principales ejecutivos desde que se inició el proceso de desestabilización de la entidad, a partir de septiembre de 2002”.

RECHAZO DE ACCION CIVIL
Otro pedimento efectuado por la barra de la defensa de Báez Figueroa fue que se rechace la acción civil resarcitoria que le sirve de objeto al actor civil, en representación del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Baninter en liquidación, toda vez que los daños y perjuicios que se reclaman, son esencialmente pagos realizados por la “comisión de administración ilegal” en franca violación a la Constitución y a la Ley Monetaria y Financiera”.

“Que rechace la mencionada acción resarcitoria por el hecho de que la misma persigue el cobro de partidas variables que dependen del resultado final de la liquidación de los activos y pasivos de Baninter, la cual está en su curso, por lo cual, este tribunal no está en capacidad de estimar el resultado final de los daños reclamados hasta tanto no concluya el procedimiento de liquidación”, puntualizó.

“En el remoto e hipotético caso de que consideréis procedentes o justificables los pagos realizables por el Banco Central y siempre hasta el límite de RD$ 500mil  por depositantes, previsto por el artículos 64 de la ley monetaria, ordenéis la cuantificación detallada de éstos, conforme al límite establecido por dicho artículo y en base a la cantidad de depositantes que tenía el Baninter en esa situación y su liquidación por estado”, acotó.

VINCHO CASTILLO
Previo a la lectura de la exposición final, le correspondió a Vincho Castillo hacer una serie de acotaciones en torno a la acusación.

Reiteró que el poder político, expresado en forma conjunta con la autoridad monetaria y financiera,  fue el causante del colapso de Baninter.

“Hay una clara y asimétrica corresponsabilidad de autoridad y banquero y, al rendir cuenta al pueblo, vuestro fallo deberá esmerarse en ser justo y atribuir las responsabilidades en las proporciones en que verdaderamente correspondan. Serían los banqueros, en todo caso, los que al resultar destruidos Banco y Grupo, brindaron oportunidad a la tormenta del poder para el arrasamiento de conducir al país a una crisis sin precedentes”, precisó Vinicio Castillo.

Señaló que todos los testigos  coincidieron en afirmar que en el banco absolutamente todas las operaciones practicadas o realizadas bajo cualquier modalidad estaban registradas, asentadas, e incorporadas en el sistema, y que, si  bien las operaciones de Venta de Cartera y de Cash Reserve no eran incluidas en el Informe Analítico, que iría a la Superintendencia de Bancos, especialmente en los momentos más críticos de su descalabro, cuando ya los retiros masivos, hijos de los rumores que le estaban abatiendo eran de todos modos consignados, había un listado que pasaba a formar parte de ese sistema.

De igual manera, pidió a los jueces aplicar justicia al margen de las “turbas” y  de los “intereses oscuros” que las propician, así como de los “lobbies” de organizaciones fantasmas, nutridas de fondos  internacionales.

Asimismo, narró cómo durante el pasado gobierno fueron respaldadas y aupadas actividades vinculadas con el narcotráfico y la respuesta dada al asesinado senador Darío Gómez por elaborar un proyecto de ley que castigaría acciones relacionadas con ese delito.   

De igual manera, reiteró sus ataques al perito  Aurich, a la integrante de la Comisión de Liquidación, Zunilda Paniagua, y al ex gobernador del Banco Central, José Lois Malkún.    

CONTINUA DEFENSA DE MARCOS
Pasadas las 7:00 de la noche, la audiencia fue recesada para hoy a las 9:00 de la mañana, cuando les toca concluir a los abogados de Marcos Báez Cocco. Posteriormente les corresponde a los abogados de los demás imputados.