Los abogados del empresario Ramón Báez Romano calificaron como un desacato judicial la decisión del procurador, de no entregar la Editora Listín Diario, y anunciaron que desistieron de exigir a las autoridades dominicanas su devolución para, en cambio, acudir ante organismos internacionales.

Los doctores Vinicio y Juarez Castillo y Juan Antonio Delgado afirmaron que la acción del Ministerio Público está sustentada en subterfugios y artimañas jurídicas iniciadas por los abogados del Estado y las instituciones monetarias y financieras, tras señalar que el recurso de amparo es producto de una convención internacional.

La mañana de ayer el procurador Víctor Céspedes Martínez informó que no podía entregar la Editora Listín Diario hasta que la Suprema Corte de Justicia decida sobre un pedido de suspensión de sentencia y un recurso de casación.

«Le han llevado al presidente Hipólito Mejía subterfugios legales para tratar de darle una apariencia jurídica, lo que realmente es un desacato abierto a la decisión del Poder Judicial», precisó Vinicio Castillo.

Además, recordaron que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene un departamento sobre derechos humanos y derechos de prensa.

Adelantaron que coordinaron una reunión con Rafael Molina Morillo, presdidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP en el país, para llevarle copia de la sentencia que dispone la entrega de laa Editora Listín Diario y exigir el cumplimiento de la misma.

Recordaron que el presidente Mejía se comprometió ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a respetar y darle cumplimiento a la decisión de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial.

Informó que suspendieron el encuentro que tenían programado para hoy a las 11 de la mañana con el procurador general de la República, en virtud de que, según él, el presidente Hipólito Mejía ya dijo que la Editora Listín Diario no será devuelta hasta que se produzca una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Castillo Semán sostuvo que lo expresado por el presidente Mejía indica claramente la decisión y orden que hay de desacatar la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante la cual se ordenó la inmediata devolución de dicha editora.

Recordó que la sentencia establece que la orden de devolución debe ser ejecutada no obstante la presentación de cualquier recurso en su contra.

Declaró que ante la negativa, a los abogados del Listín Diario no le queda otra opción que no sea acudir por ante los organismos internacionales.

«En la mañana de hoy estamos haciendo las citas correspondientes para formular entrevistas, reuniones en las sedes centrales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el presidente de la SIP, Rafael Molina Morillo, así como con todas las embajadas extranjeras que componen el cuerpo diplomático de la República Dominicana, a los fines de denunciar al Gobierno en el desacato a una decisión del Poder Judicial y a un atentado grave al Estado de derecho de la República Dominicana y a la libertad de expresión.

[b]ALEGATOS DEL PROCURADOR[/b]

El procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, declaró que la Editora Listín Diario no sería devuelta al empresario Báez Romano hasta que no se produzca una sentencia definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia.

Dijo que no podía ejecutar la sentencia de la Cámara Civil porque existe una demanda en suspensión contra la sentencia intentada por los abogados del Estado ante la Suprema.

Sostuvo que el artículo 12 de la Ley de Casación y jurisprudencias establecidas por el alto tribunal establecen que cuando se presenta una demanda en suspensión, la sentencia en cuestión no es ejecutable.

Afirmó que dicha empresa sólo será devuelta cuando haya una sentencia que así la ordene con el carácter la de la cosa juzgada.

Recordó que, además de la demanda en suspensión, los abogados del Estado incoaron por ante la Suprema un recurso de casación contra la sentencia que ordena la entrega de esa empresa.

«En la consideración del recurso de casación interpuesto por los abogados del Estado, así como la Procuraduría General de la República, en la consideración de la demanda en suspensión incoada por los abogados del Estado en la Suprema Corte de Justicia, a la luz de lo que estatuye la Ley de Casación en su artículo 12, así como también jurisprudencias constantes, como por ejemplo la decisión contenida en el voletín judicial número 896 del mes de julio de 1975, página 1563, es de rigor que la Procuraduría General de la República espere la decisión de la Suprema Corte de Justicia para emitir una opinión definitoria», dijo Céspedes Martínez.

Precisó que hasta el momento, la Procuraduría General de la República no ha recibido de manera formal el expediente relativo al Listín Diario, por lo que espera que la Suprema se lo envíe.