Los abogados defensores de los implicados en la muerte, en Baní, del coronel Daniel Ramos Álvarez recusaron ayer a los cuatro fiscales presentes durante la solicitud de medida de coerción, alegando que el Ministerio Público violó los derechos fundamentales de sus clientes al permitir que fueran golpeados durante su detención.
La barra de la defensa recusó a los procuradores Ángel Darío Tejeda, fiscal titular de Peravia; y Rodolfo Vizcaíno, fiscal adjunto de de Peravia; así como a Jonathan Baró y Miguel Ramos, ambos de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
“Varios de los imputados fueron objeto de una golpiza en franca violación del artículo 42 de la Constitución y en presencia de dos miembros del Ministerio Público”, afirmó Jorge de los Santos, abogado de Rafael Antonio Díaz, alias Buche.
La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para decidir sobre la recusación.