Los cinco juristas expertos en derecho constitucional que asumen la defensa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para que se mantenga la vigencia de los artículos que prohíben el transfuguismo, declararon hoy que solo el Tribunal Constitucional debe conocer las acciones directas en inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones.

Los abogados Eduardo Jorge Prats, Carlos Salcedo , Cristóbal RodríguezJulio Cury , Rubén Puntier, reaccionaron de este modo luego de que el TSE dictaminara a unanimidad que el ex presidente Leonel Fernández no tiene ningún impedimento constitucional para ser candidato del Partido de los Trabajadores Dominicano, de cara a las elecciones del 2020.

Los juristas manifestaron su posición mediante un documento enviado a la prensa, el cual titulan: Siguen vigentes leyes del Partidos y sobreseimiento de la JCE conforme a la Ley y garantiza la paz al sistema democrático.

A continuación del documento:

SIGUEN VIGENTES LEYES DE PARTIDOS Y SOBRESEIMIENTO DE LA JCE ES CONFORME A LA LEY Y GARANTIZA PAZ AL SISTEMA DEMOCRÁTICO

A pesar de la sentencia de hoy del Tribunal Superior Electoral (TSE), que declaró inconstitucional tanto el artículo 49.4 de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos como el artículo 134 de la ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, dichas disposiciones legales mantienen su plena vigencia y vinculación respecto de todos los partidos que componen el sistema y sobre todo respecto de todos los órganos e instituciones vinculados al sistema electoral, y de manera particular de la Junta Central Electoral (JCE).

Efectivamente, según lo dispone el artículo 185 de la Constitución de la República corresponde solo al Tribunal Constitucional conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones, cuya decisión al respecto sí es vinculante para todos los poderes públicos y las personas como garantía efectiva de las normas constitucionales.

Solo en caso de acogerse una acción directa, la sentencia del Tribunal Constitucional impone la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma atacada, siendo una decisión con efecto para todo el mundo (erga omnes), es decir, que debe ser acatada por todos los poderes públicos.

En el caso decidido el TSE decidió dicha declaratoria de inconstitucionalidad a propósito de una acción particular en nulidad de la Resolución núm. 4 de la Convencional Nacional Electoral del Partido de los Trabajadores Dominicanos, ejercida por Francisco Antonio Ventura Felipe, miembro del Comité Central de dicho partido. Pero si bien tomó dicha decisión ella es solo válida para ese caso, pues no tiene la competencia ni el poder para expulsar del ordenamiento jurídico las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos cuya inconstitucionalidad decide, y, por lo tanto, la decisión tomada por este organismo respecto de los artículos 49.4 de la ley de partidos y 134 de la ley electoral no se le impone a ningún poder público.

Nuestro sistema constitucional se rige por la presunción de constitucionalidad de las leyes, tal como bien ha indicado el Tribunal Constitucional en sus sentencias TC/0274/13 y TC/0039/15 disponiendo que “en nuestro sistema constitucional prevalece el criterio de que una ley es constitucional hasta tanto el órgano encargado del control de la constitucionalidad se pronuncie en sentido contrario, de conformidad con la máxima in dubio pro-legislatore”.

La JCE no puede inaplicar los referidos artículos ni mucho menos desacatar el mandato legislativo establecido en estas normas que prohíben el transfuguismo partidario y electoral, para el fortalecimiento del sistema democrático y como garantía de la democracia interna de los partidos, teniendo los miembros de ese organismo la obligación ineludible de acatar y hacer cumplir las disposiciones de los artículos 49.4 de la ley de partidos y 134 de la ley electoral, que siguen vigentes y constitucionales por no haber intervenido sentencia del Tribunal Constitucional indicando lo contrario.

Sin embargo, siendo esas disposiciones legislativas objeto de diversas acciones directas en inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional sin que aun haya intervenido una decisión, la JCE actúa acorde a los lineamientos del ordenamiento jurídico – administrativo cuando pospone valorar la inscripción de la candidatura de Leonel Fernández Reyna.

Ciertamente, conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley núm. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y procedimiento administrativo, previo a la emisión del correspondiente acto administrativo las entidades públicas pueden disponer de todas las medidas provisionales que garanticen la eficacia del acto a dictar y deben estar debidamente informadas.

De ahí que no habiendo vencido el plazo para decidir sobre la admisión de las candidaturas presidenciales y estando el Tribunal Constitucional apoderado sobre este asunto, la JCE hace un voto de prudencia para lograr la efectividad inmediata de la resolución que adoptaría en aplicación de las leyes de partidos y electorales, garantizando un clima de paz y normalidad en nuestro sistema democrático al sobreseer su decisión hasta tanto el órgano máximo del sistema de justicia constitucional dicte su sentencia.

Eduardo Jorge Prats
Carlos Salcedo
Cristóbal Rodríguez
Julio Cury
Rubén Puntier
Abogados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
18 de noviembre de 2019