Abogados dominicanos piden rechazar caso Narcisazo

Abogados dominicanos piden rechazar caso Narcisazo

SAN JOSE
 AP

 Los representantes del Estado dominicano solicitaron ayer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) rechace la demanda por la desaparición forzada de Narciso González debido a que habría sido presentada fuera de los periodos establecidos y sin que se agotaran los recursos internos.

   El delegado estatal José Casado indicó que la Corte debía inhibirse de analizar el caso debido al principio jurídico conocido como “ratione temporis”, ya que la aparente desaparición de González sucedió en 1994 y República Dominicana reconoció la competencia contenciosa del tribunal regional en 1999.  

Además, alegó la falta de agotamiento de recursos internos.   “Treinticinco días después de la desaparición de González, los familiares y sus representantes acudieron a la Comisión Interamericana (CIDH) y la Comisión violó sus propios reglamentos porque resulta imposible que se hayan agotado los recursos internos en solo 35 días”, apuntó.   “Por todo eso el Estado reitera su solicitud de que se rechace la demanda”, puntualizó Casado durante la segunda parte de la audiencia pública que inició el martes con testimonios de allegados a González, un juez dominicano que estuvo a cargo del caso y un perito.   Las organizaciones que representan a la presunta víctima, Cejil y la Comisión de la Verdad, resaltaron que el Estado había renunciado a la presentación de excepciones, en tanto la CIDH recordó que el Estado no presentó esos alegatos en el proceso ante esa instancia.   La CIDH estuvo representada entre otros por su secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi-Mershed y la relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero, funcionarios que no suelen presentarse en las audiencias de la Corte.   “Desde el inicio se conocían los recursos internos pero en la etapa de admisibilidad (ante la CIDH) el Estado no indicó cuáles eran los recursos no agotados… en múltiples oportunidades la Comisión pidió al Estado ampliar y el Estado no respondió esos requerimientos”, justificó la delegación de la Comisión.

  La CIDH pidió a la Corte reiterar lo expresado en otros fallos donde se mantuvo que la desaparición forzada es un delito continuo y por eso se mantiene la responsabilidad internacional del Estado.   Durante el cierre de la sesión el presidente de la Corte, el juez peruano Diego García-Sayán pidió a la CIDH “una reflexión sobre el tema de la libertad de expresión… conectado al tema de desaparición forzada”.

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