La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril para cumplir una condena de 12 años por corrupción, le pidió al Comité de Derechos Humanos de la ONU que inste nuevamente al Estado brasileño a garantizarle el derecho del exgobernante a disputar las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.
“Presentamos en la noche del lunes una petición al Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar que Brasil cumpla la determinación que ese órgano profirió el 17 de agosto para que no se le impongan restricciones a los derechos políticos del expresidente”, informaron hoy los abogados del ex jefe de Estado en un comunicado.
“La petición requiere que el Comité profiera una nueva decisión reiterando la obligación del Estado brasileño a cumplir sus obligaciones internacionales y a garantizar la candidatura de Lula a la Presidencia, así como acceso a la prensa y a los miembros de su partido”, agrega la nota.
La decisión forma parte de la estrategia anunciada la víspera por el exmandatario para mantenerse en la disputa por la Presidencia pese a que el Tribunal Superior Electoral rechazó el sábado el registro de su candidatura.
De acuerdo con el candidato a vicepresidente en la llave de Lula y su portavoz, el exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, Lula pretende presentar recursos tanto ante la ONU como ante la Corte Suprema de Brasil para intentar revertir el fallo negativo de la autoridad electoral.
Pese a que algunos integrantes del Partido de los Trabajadores (PT) esperaban que Lula anunciara su retirada de la disputa electoral y nombrara a Haddad como su sucesor en la candidatura presidencial, el exgobernante insistió en su aspiración.
El Tribunal Superior Electoral decidió en la madrugada del sábado, por seis votos a uno, que Lula no podrá aspirar a la Presidencia por haber sido condenado en segunda instancia por corrupción.
La legislación brasileña prohíbe que sean postulados a cargos públicos los condenados en segunda instancia por tribunal colegiado, como es el caso del expresidente, una medida de combate a la corrupción que fue sancionada por el propio Lula en 2010.
El dirigente del Partido de los Trabajadores, que lidera todas las encuestas de intención de voto con un favoritismo de cerca del 40 %, alega que fue condenado injustamente y que sufre una persecución política destinada a impedir que sea elegido para un tercer mandato.