El abogado Carlos Salcedo afirmó ayer que si la investigación que hace el procurador general Jean Rodríguez sobre el caso Odebrecht, “es objetiva y no sesgada”, obligatoriamente tiene que atender la solicitud de los periodistas Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara, antes del vencimiento del plazo para presentar acusación formal contra los encartados en ese expediente.
Asimismo, dijo que el Ministerio Público no podría presentar la solicitud de los dos comunicadores ni la falta de la auditoría especial que solicitó a la Cámara de Cuentas, como presupuestos para que el juez que instruye el caso le amplíe el plazo que vence el próximo 9 de junio, porque la investigación a las empresas consorciadas debió hacerla con anterioridad, con las informaciones de que ya disponía, y los mecanismos que le da la Constitución y la ley.
“Si el Ministerio Público está investigando a esos periodistas o está buscando información que circunde a cada uno de ellos; si se trata de una investigación objetiva, no sesgada, tendría obligatoriamente que atender a esta solicitud, porque sus obligaciones no solamente son de oficio sino que también pueden ser a requerimiento de cualquier tercero o interesado, y más cuando se trata de personas que han sido de alguna manera investigadas”, señaló el jurista.
Afirmó que investigar a las empresas ligadas con Odebrecht en el país era una obligación que tenía el Ministerio Público, “sin excluir absolutamente a nadie que tuviera vinculado a todos esos contratos, a la licitación, a la adjudicación y a los pagos correspondientes”.
“El Ministerio Público, precisamente como órgano del Estado a cargo de la investigación, en virtud de la Constitución y la Ley, dispone de todos los mecanismos, no solamente a través de una auditoría especial u ordinaria que haya solicitada o que sea obligación de ella realizar, para poder obtener la información relevante, determinante y que objetivamente pueda servir para los fines de una investigación seria y responsable”, agregó Salcedo.

El jurista, quien es abogado de César Sánchez, uno de los 14 encartados hasta ahora en el caso de los US$92 millones pagados en sobornos por la empresa brasileña en el país a cambio de ser favorecida con 17 contratos de obras del Estado 2001-2014, habló en entrevista para HOY.