Hoy 
El Colegio de Abogados de República Dominicana pidió a los diputados superar las diferencias y aprobar de una vez y por todas la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y así cumplir con el mandato de la Constitución de la República.
Diego José García, presidente del CARD, llamó a los legisladores a ponerse de acuerdo en torno a laedad de retiro de los jueces que conformarán el nuevo Tribunal.
José García recordó que el Tribunal Constitución debió de estar creado antes mas tardar el 26 de enero pasado, fecha en que se cumplió un año de la proclamación de la Nueva Constitución.
Reiteró su apoyo a la posición externada por la Comisión de Juristas designada por el Presidente de la República que plantea que el Tribunal Constitucional podrá revisar algunas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia y de otros tribunales en tres casos fundamentales como son: Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decretos, reglamentos, resolución u ordenanza; segundo, cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y tercero, cuando se haya producido una violación al contenido esencial de un derecho fundamental.
El Presidente del CARD externo su posición luego de participar en la graduación de mas de 400 abogados en diplomados y post grados sobre garantías constitucional, derecho constitucional, administrativo y público realizados en por el Gremio en coordinación con la Universidad Castilla La Mancha de España.
El acto estuvo encabezado por el Presidente del Gremio, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana y miembro del CARD, Fidias Aristy, así como por el profesor español Marcos Massó Garrote, experto constitucional y el catedrático Trajano Vidal Potentini especialista en el área.
Este post grado fue impartido por los juristas españoles Marcos Massó Garrote, Antonio Iglesias, Sergió Antonelli, así como por los abogados dominicanos Rafael Luciano Pichardo, Trajano Vidal Potentini, Juan Manuel Guerrero y Gregorio Montero.
La graduación de cientos de abogados se llevó a cabo en el auditórium de la Procuraduría General de la República y esto forma parte de un acuerdo interinstitucional entre el Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Universidad de Castilla La Mancha de España.
