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Los abogados Roberto Rosario Márquez, Manuel Crespo y Domingo Villanueva denunciaron que desde la Procuraduría General de la República se estaría protegiendo al empresario Rahonel Rodríguez, cuya principal actividad comercial es adjudicarse los bienes inmuebles en proceso de licitación.
“Ellos tienen en su posesión el apartamento de nuestra clienta Moraima Mañón Inirio, que tomaron el director del Departamento de Ejecuciones Civiles y Auxilios Judiciales del Distrito Nacional, Manuel de la Cruz Paredes y “manos militares” el pasado 6 de marzo del 2023”, explicaron.
Señalaron que las autoridades judiciales están realizando investigaciones de este caso, sin escuchar a la propietaria del inmueble, Moraima Mañón Inirio, representada por su oficina RM Abogados & Consultores y por los abogados Manuel Crespo y Domingo Villanueva.
“Hoy la joven Moraima anda rodando sin rumbo, porque alguien se equivocó o se antojó de su vivienda. En ese tiempo cambiaron la señalización, donde decía 1-D en la primera planta, le pusieron 2-D en la primera planta, para aparentar que el ministerio público actúo bien”, indicaron.
Roberto Rosario Márquez Manuel Crespo y Domingo Villanueva dijeron que un grupo de personas, acompañados de militares está visitando y presionando a los vecinos del Edificio Don Pedro, ubicado en el sector Los Ríos, para encubrir y al parecer para despojar a Moraima Mañón Inirio, legítima propietaria del apartamento.
“Toda esta supuesta investigación se hace sin escuchar siquiera a la propietaria, violando el debido proceso de ley. Si se quiere hacer un descenso, por qué no actúan con transparencia e invitan a todas las partes, no solo a quienes cometieron el abuso”, deploraron los destacados y reconocidos abogados.
Indicaron que desde el 6 de marzo tiene posesión del inmueble, sin razón, ni derecho, y que además actúan en franca violación a los derechos de la víctima contemplados en el Código Penal y la ley orgánica del ministerio público.
Dijeron sentirse decepcionados, por la admiración y afectos por quienes conducen el Ministerio Público, porque aparentemente el caso de su clienta, Moraima Mañón Inirio, a quien el encargado de la Fuerza Pública, Manuel de la Cruz Paredes, ha impedido que se defienda en franca violación al debido proceso, engrosará a las filas de la impunidad.
La joven y soltera madre, quien al momento del desalojo no se encontraba en su apartamento, fue llamada por sus vecinos y al presentarse, explicó a las autoridades, con papeles en manos que demostraban que no tenía ninguna deuda pendiente y que era propietaria, sin embargo sus planteamientos y suplicas no fueron escuchados.
