El Colegio de Abogados afirmó que el derecho de propiedad no está vinculado a la explotación, por lo que el Estado solo deberá pagar a la empresa minera Falcondo por el valor de los terrenos, no por los minerales de loma Miranda, en caso de que esta sea declarada parque nacional.

Diego José García, presidente del gremio, sostuvo que la intención de los senadores, con el apoyo de diversos sectores, de declarar a Miranda área protegida, no viola la Constitución ni las leyes, como indica Falcondo.

Indicó que la minera ha hecho una mala y errónea interpretación de las leyes sustantivas y adjetivas vinculadas, con el único interés de lograr la explotación comercial de loma Miranda.