SAN JUAN DE LA MAGUANA.- El Consejo Regional Sur del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó al presiden Danilo Medina autorizar el estudio del impacto ambiental que determine si es factible o no la explotación del oro de la comunidad de El Romero, de esta ciudad.
En un documento leído ayer tarde durante una rueda de prensa, los abogados sugieren que de ser factible su explotación todos los beneficios que recibirá el Gobierno sean invertidos en la construcción de varias obras de infraestructuras físicas y el mejoramiento de los servicios sociales.

El documento está firmado por los doctores Juan Pérez Roa, Waner Piñeyro, Julián Pineda, Félix Ramón Made, Ronny Féliz Matos y Manuel Peralta Mejía, vicepresidente nacional, presidente del Consejo Regional Sur, y los secretarios generales de las seccionales de Azua, Las Matas de Farfán, Neiba y de Elías Piña.
El estudio, señalan, fue solicitado por la empresa GoldQuest, como lo establecen las leyes 176-41 y la 64-00.
Indican que con esa decisión se lleva tranquilidad a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Proponen a Medina la creación, mediante decreto, de una comisión ampliada de la provincia compuesta por connotados representantes de la sociedad civil, que se encargaría de supervisar y contratar a expertos en la materia para hacer sus propios estudios de impacto ambiental.

También sugieren a Medina que cualquier decisión en torno a la factibilidad o no de la explotación del millón 300 mil onzas de oro y cobre detectadas en El Romero sea lo más pronto posible porque contribuirá a la tranquilidad tanto de los que se oponen como los que favorecen la explotación.

Aclaran que la mayoría de los sanjuaneros no plantea ni apoya la explotación pura y simple de la mina, sino que se le autorice realizar el estudio del impacto ambiental que será en última instancia que determinará una cosa o la otra.

Entre las obras -que deberían construirse con el 100% de los beneficios que recibirá el Gobierno- figuran un edificio para las oficinas del Ministerio Público, una casa club para los abogados y otros gremios, una cárcel modelo, dotar de equipos al hospital Alejandro Cabral y pagar la deuda de los productores agrícolas con empresarios privados y el Banco Agrícola, ascendente a US$25 millones.