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La defensa de cinco de los nueve imputados de sicariato en la red criminal atribuida a José David Figueroa Agosto calificó ayer como pruebas fabricadas los documentos y el legajo de piezas que el Ministerio Público presentó en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para culparlos de seis acribillamientos.
Los abogados de Winston Antonio Rodríguez Tavárez, de Ricardo Pérez Mateo (Maceta), de José Miguel Rodríguez Almonte (Job), de José Aníbal Hidalgo García (Molmo) y de Diómedes Moya Durán (Oreja), coincidieron en desacreditar las pruebas del Ministerio Público y en solicitar el descargo de los procesados, quienes cumplen prisión preventiva.
Restaron credibilidad a las investigaciones, a los testimonios de los oficiales policiales y a la mayoría de las intervenciones telefónicas, esto así porque, afirman, no fueron autorizadas por un juez, como exige la ley para que sean válidas en el tribunal.
La abogada Manuela Ramírez, abogada de Rodríguez Tavárez y de Pérez Mateo (Maceta), pidió a los jueces Pilar Rufino, Daira Medina y Daniel Nolasco, que descarguen a sus defendidos.
En su interés por desmantelar el expediente que presentaron los fiscales Cándida Ramos, Denny Silvestre e Isidro Vásquez, Ramírez les dijo a los jueces que sus investigaciones confirman que el Ministerio Público y la Policía Nacional -al momento de apresar- se inventó pruebas, como la que pretendía probar que Rodríguez Tavárez tenía un arsenal de armas.
Indicó que las armas correspondían al acusado José Alberto de la Cruz Paredes y que la testigo Evelin D Aza probó que no entregó voluntariamente objetos de Winston a la Policía, cuando lo que hicieron fueron allanamientos ilegales.
Mostró a los jueces una certificación de la Fiscalía de Santiago, la que devuelve un vehículo a Rodríguez Taveras, por no ser allanado con orden judicial.
Asimismo, expresó a los jueces que sobre Pérez Mateo no se pudo presentar la supuesta pistola de pimienta que se le imputa, porque dicha prueba no existe, a pesar de que tampoco es de uso ilegal. Agregó que el mapeo que hizo el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) fue sin orden judicial y fuera del tiempo requerido para ubicarlo en la escena del crimen.
Rodríguez Almonte (Job). La defensora pública Mareline Tejeda solicitó al tribunal rechazar la petición de 30 años de cárcel para el imputado, que ha denunciado supuesto chantaje del Ministerio Público y alegada oferta de dinero para que se declare culpable.
