La directora de la Defensoría Pública, Laura Hernández, abogó ayer porque el programa de asistencia legal a la víctima que maneja la Procuraduría General de la República pase a manos de esa institución.

Hernández dijo que ese es un reclamo de la sociedad que el Gobierno debe atender, porque además ayudaría a descargar un poco al Ministerio Público del trabajo y las investigaciones criminales que realiza.

“La Defensoría Pública está en condiciones de asumir de manera institucional la defensa legal gratuita en otras materias, incluyendo víctimas, y pueda verse como lo que es, el brazo humano de la administración de justicia; lo único que necesita son recursos económicos suficientes”, afirmó la funcionaria.