Preocupada por la gran  cantidad de denuncias de tarjetahabientes que se sienten abusados y engañados por las entidades bancarias, la directora del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, se reunió ayer con  la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La funcionaria  alertó a los parlamentarios sobre la necesidad de  legislar para enfrentar esta situación.

Detalló que se dan casos de personas  con  deudas de hasta    diez centavos que se la capitalizan “y después  aparecen en CICLA y tienen que durar hasta siete años sin poder  tener acceso al crédito, lo cual es un derecho ciudadano”.

“Hay  una serie de cosas que ya son obsoletas, sobre todo, en estos momentos que se está reclamando transparencia en este tipo de transacciones”, precisó.

Recordó que en el 2001, la Superintendencia de Bancos emitió una resolución para proteger a los usuarios, pero que la misma no se cumple.

La funcionaria estuvo acompañada de su homólogo de Panamá, Pedro Meerlán,  quien resaltó los beneficios obtenidos por los usuarios de las tarjetas de crédito en su país, luego de la  creación de la  Ley 81, que regula la expedición y el uso de este servicio.

  De su lado, el presidente de la Comisión de Hacienda del organismo legislativo, Marino  Collante,  calificó de fructífero el encuentro y favoreció que la República Dominicana aproveche la experiencia de Panamá  para enfrentar los problemas en el manejo del dinero plástico, con la creación de una legislación.

Criticó que las  entidades financieras  emitan tarjetas de crédito a ciudadanos que no la  soliciten.

 Efectividad.  En su intervención, Meerlán dijo, de igual manera, que el dinero devuelto en cuatro años por las autoridades de Protección al Consumidor en Panamá como consecuencia de las quejas de los consumidores por productos que  resultaron con algún defecto  asciende a 84 millones de dólares.