Preocupada por la gran cantidad de denuncias de tarjetahabientes que se sienten abusados y engañados por las entidades bancarias, la directora del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, se reunió ayer con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La funcionaria alertó a los parlamentarios sobre la necesidad de legislar para enfrentar esta situación.

Detalló que se dan casos de personas con deudas de hasta diez centavos que se la capitalizan y después aparecen en CICLA y tienen que durar hasta siete años sin poder tener acceso al crédito, lo cual es un derecho ciudadano.

Hay una serie de cosas que ya son obsoletas, sobre todo, en estos momentos que se está reclamando transparencia en este tipo de transacciones, precisó.

Recordó que en el 2001, la Superintendencia de Bancos emitió una resolución para proteger a los usuarios, pero que la misma no se cumple.

La funcionaria estuvo acompañada de su homólogo de Panamá, Pedro Meerlán, quien resaltó los beneficios obtenidos por los usuarios de las tarjetas de crédito en su país, luego de la creación de la Ley 81, que regula la expedición y el uso de este servicio.

De su lado, el presidente de la Comisión de Hacienda del organismo legislativo, Marino Collante, calificó de fructífero el encuentro y favoreció que la República Dominicana aproveche la experiencia de Panamá para enfrentar los problemas en el manejo del dinero plástico, con la creación de una legislación.

Criticó que las entidades financieras emitan tarjetas de crédito a ciudadanos que no la soliciten.

Efectividad. En su intervención, Meerlán dijo, de igual manera, que el dinero devuelto en cuatro años por las autoridades de Protección al Consumidor en Panamá como consecuencia de las quejas de los consumidores por productos que resultaron con algún defecto asciende a 84 millones de dólares.