El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Repuestos y Accesorios de Vehículos, Marino Robles, abogó ayer por  una ley que regule la venta de piezas usadas de vehículos de motor y el destino final de las chatarras.

Robles, al ponderar un proyecto de ley sometido por el diputado del Partido de la Liberación  Dominicana Ángel Ramírez para   regulación de la compra y venta de piezas usadas de vehículos de motor, dijo que en el mismo no están contempladas las compañías de aseguradoras y las reaseguradoras ni las ventas de chatarras para la comercialización de los repuestos

Dijo que desde hace varios años la asociación  ha venido denunciando irregularidades en la venta de repuestos usados para vehículos en donde según dijo impera un “desorden mayúsculo”, porque no hay regulación.

Explicó  que las chatarras que se producen en el país tanto por antigüedad de los vehículos  como por los accidentes, no se ha determinado el destino final de los mismos.

“Nosotros como vendedores de las piezas usadas no tenemos conocimiento cual es el procedimiento que se le da a esa materias prima y como sector organizado estamos pidiendo que se establezca una regulación”, agregó.

Robles habló en el acto de juramentación de la nueva directiva, celebrado en el salón de acto de las oficinas de la Guardia Presidencial, en el Palacio Nacional.

El dirigente empresarial estuvo acompañado de  Andrés Tejada, Fidel López y William Matos, miembros de la directiva de la Asociación.

 Robles dijo que el proyecto sometido por el diputado peledeísta esta bien elaborado, pero que el mismo no contempla la venta de chatarras ni las aseguradoras y  reaseguradoras.

 Consideró que las aseguradoras y reaseguradoras desempeñan una función muy importante en cuanto a los vehículos convertidos en chatarras por accidentes de tránsito.

Proyecto ley para regularizar venta

El proyecto de ley mediante el cual se regularizaría la compra y venta de repuestos y accesorios usados de vehículos de motor a los establecimientos del ramo, establece que a las personas físicas o jurídicas  le queda prohibido la actividad comercial, si no está sustentado con facturas de adquisición o la liquidación de aduanas que certifique que esa piezas fueron importadas o que el referido establecimiento comercial posee la licencia correspondiente.

El artículo cuatro del proyecto que habría sido aprobado en la Cámara de Diputados en primera lectura, establece que el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor se encargaría de velar la aplicación de dicha ley  y que los ciudadanos podrán pedirle  la inspección de cualquier establecimiento de venta de vehículos o motocicletas usadas cuando exista sospecha  que en el mismo se encuentran parte o piezas de un vehículo o motocicleta  sustraído.