Débiles e indefensas, las niñas y adolescentes violadas callan sus tragedias hasta que el embarazo denuncia su realidad y el bochorno familiar, la afrenta social y el abandono del Estado las obligan a buscar soluciones clandestinas e inseguras sin el debido respaldo de un programa institucional.
Muchos nos arriesgamos a desconocer la ley y salvar muchas vidas de adolescentes y madres adultas, interrumpiendo embarazos que, de continuar su evolución, las hubiese llevado a la muerte. No han sido actos de valentía ni desafío a la ley, han sido conductas apegadas a principios científicos, pleno sentido de humanidad y, en el caso de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, durante más de 20 años tomando decisiones, nos auxiliamos de la existencia de un Comité de Ética integrado por un grupo de reputados especialistas que avalaba y documentaba cada decisión y que espero aún permanezca ofreciendo sus nobles y desinteresados servicios.
Muchos tienen miedo a que “despenalizar” el aborto terapéutico implique dar una patente de corso a los que se benefician del aborto clandestino, porque podrían calificar o clasificar sus procedimientos como “legales” siendo realmente maliciosas interrupciones por motivos sociales y/o económicos, no científicos ni humanitarios, por lo que se hace necesario que en la legislación se incluya un reglamento que obligue a los médicos a disponer de una autorización de un comité oficial, institucional, otorgada a la afectada y sus familiares, para interrumpir un embarazo en forma electiva, programada, debiendo quedar claro, para la población que desconoce los tecnicismos del tema, que el aborto espontáneo, no inducido ni provocado, sino producto de causas naturales o enfermedades materno-fetales, no está en discusión.