Leyes e instituciones solo tienen sentido si sirven a los ciudadanos, en calidad de iguales, según nuestra constitución de Estado democrático. El aborto debe ser regulado de manera que preserve la vida, el orden y la moral, según las necesidades de los ciudadanos. La encuesta Gallup/Hoy, que realizamos en noviembre del 2009, mostró que 52% de la población no aceptaba el aborto “Nunca”; 46% lo aceptaba en algunos casos y 2.4%, lo aceptaba siempre. Dijeron nunca 56% de las mujeres, y 47% de hombres. Aceptan el aborto “En algunos casos”, 42% de las mujeres y 49% de los hombres; solo 1.7% de mujeres y 3.2% de hombres, dijeron que el aborto debe aceptarse siempre. Es probable que los recientes debates hayan modificado estos resultados.
Los religiosos tienen opiniones muy diferentes, y tienen todo derecho de aconsejar a sus feligreses. Similarmente, los pertenecientes a asociaciones cívicas, profesionales, empresariales, intelectuales y demás. Hay circunstancias en las cuales gobernantes ni religiosos tienen derecho a interferir con aspectos determinados de las vidas de individuos y agrupaciones.
El Estado y sociedad, congregaciones religiosas y civilistas deben proveer el marco legal, moral e institucional sobre la criatura en gestación, especialmente si la madre lo es de otros niños, para que ella pueda, en conciencia propia, tener un rol protagónico en la toma de decisión, como recomiendan eminentes expertos con sólida formación cristiana, siempre que el proceso se realice en los primeros días del embarazo, cuando hay incesto o violación, o eminente riesgo de muerte de la madre, bajo criterio de varios especialistas. Hay áreas de la conducta jurídica y éticamente inestructuradas, para las cuales no hay ley ni norma que no sea la íntima convicción moral y emocional de la persona afectada.
Cada individuo es criatura de Dios y tiene perfecto derecho de vérselas con él, asumiendo solo, o con sus íntimos y sus consejeros, la responsabilidad y los riesgos de la decisión tomada. Los religiosos tienen indiscutible derecho a insistir en todo lo que crean que es de su incumbencia, en base a escrituras, tradiciones o intereses congregacionales. Nadie tiene que mandarlos a callar; como tampoco nadie está legalmente obligado a obedecerles. La iglesia y el Estado tienen en este y otros países una saludable separación.
En medio de este debate, la verdad innegable sigue siendo que hay una gran cantidad de mujeres que se ven precisadas a abortar, y que lo suelen hacer bajo las condiciones más precarias, y con un alto índice de morbilidad y mortandad. Toda sociedad-estado tiene el deber y el derecho de resolver legal e institucionalmente el problema de los ciudadanos y ciudadanas; y de correr riesgos y de equivocarse tratando de resolverlos.
Lamentablemente, los pueblos sin identidad ni proyecto común no se ponen de acuerdo ni consigo mismos.
Como se sabe, todo derecho tiene su límite. Igualmente, todo ejercicio moral y control social tiene el suyo: El momento en que cada cual tiene el deber y el derecho de enfrentarse, en fe, consigo mismo, y con Dios. Toda madre también los tiene.