La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (Procompetencia) inició un proceso de investigación en el mercado de las “casas del conductor” y “casas cárcel” ante los indicios razonables de que existen de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la Competencia.
El proceso, contenido en la resolución DE-002-2017, surge a raíz de la denuncia hecha por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor (Funjudeco) y establece que son obligados a contratar los servicios de determinada “casas del conductor”/“casa cárcel”.
Procompetencia sostiene que esa práctica puede afectar al consumidor porque vulnera su oportunidad de elección, debido a la asimetría de información y al posible ejercicio del abuso de posición dominante, que genera un daño al excedente del consumidor.