CARACAS, Venezuela. AP. Las autoridades iniciaron procesos judiciales contra algunos de los manifestantes detenidos por los violentos incidentes ocurridos esta semana en Caracas y otras ciudades del interior del país, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron maltratos y supuestas torturas contra algunos de los jóvenes apresados y un activista.

El viernes por la tarde y la noche hubo algunas protestas callejeras en el este de la capital. Varios centenares de jóvenes bloquearon, por segundo día consecutivo, una de las principales autopistas de la capital, lo que llevó a decenas de guardias nacionales a usar unos cinco camiones cisternas y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y reestablecer el tráfico. Durante el incidente fueron detenidos algunos jóvenes, constató la AP.

Al rechazar los incidentes violentos, el presidente Nicolás Maduro dijo el viernes durante un acto en el oeste de la capital trasmitido por la televisora estatal que “aquí no se va a trancar más autopista, no lo voy a permitir. Por la vía legal vamos a destrancar autopista. La gente tiene derecho a su vida”.

La Fiscalía General anunció el viernes que fueron presentados ante los tribunales 25 de los 99 detenidos por las manifestaciones ocurridas en todo el país, mientras que otros 74 serán llevados en las próximas horas.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que de los 25 procesados y liberados solo a cuatro se les suspendió de manera condicional el proceso tras admitir su responsabilidad en los hechos y a otros 21 se les otorgó “medidas cautelares de presentación periódica ante la instancia judicial”.

De los 25 procesados, 10 fueron arrestados en Caracas, 10 en el estado Táchira y cinco en Barinas.

La Fiscalía informó el viernes que cuatro de las cinco estudiantes que fueron detenidos la semana pasada en el estado suroccidental de Táchira y enviadas a una cárcel de la ciudad occidental de Coro fueron liberadas y ahora tendrán que presentarse periódicamente ante los tribunales.

Las autoridades judiciales negaron otorgar libertad condicional a un quinto estudiante tras revisar las evidencias criminalísticas.

En la víspera, la fiscal general Luisa Ortega Díaz señaló a grupos de “infiltrados y encapuchados” de ser los responsables de los incidentes violentos que dejaron tres muertos, 66 heridos y decenas de detenidos.

Aunque las autoridades hablaron inicialmente de 69 manifestantes detenidos, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que “sólo en Caracas hay aproximadamente 100 detenidos”. Añadió que “no se conoce el paradero” de algunos y que los familiares y activistas esperan que “aparezcan en las audiencias” en los tribunales.

Romero indicó que los detenidos por las manifestaciones del 12 de febrero están incomunicados y no se les permite hablar con sus familiares ni abogados, lo que consideró violatorio de las leyes.

El activista dijo a la AP por teléfono 1ue el Foro Penal Venezolano denunciará ante las autoridades los casos de maltratos y “tortura” a los que habrían sido sometidos algunos de los detenidos, quienes denunciaron que se les aplicaron “descargas eléctricas”, les “metieron la cabeza en agua como para hacerlos declarar ciertas cosas” y fueron golpeados durante su arresto.

La Fiscalía General aseguró en un comunicado que “a todos los detenidos se les practicó los respectivos exámenes médicos forenses, que verificaron su estado de salud y, a su vez, se les garantizó el debido proceso y el respeto pleno a sus derechos humanos conforme lo establece la Constitución”.

No ha sido posible verificar de inmediato las denuncias.

A preguntársele sobre las denuncias de tortura en el canal de noticias Globovisión, Romero dijo que “si no tenemos acceso a los lugares de detención menos aún podemos tener pruebas de cómo fueron detenidos, cómo fueron torturados. Lo único que tenemos… son las propias víctimas que lo señalan”.

Marino Alvarado, representante de la ONG local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), acudió el viernes a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para denunciar el secuestro temporal que sufrió un miembro de esa organización por parte de hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la policía política.

El coordinador de medios de Provea, Inti Rodríguez, relató a la AP que la noche del 12 de febrero fue secuestrado por cerca de una hora por un grupo de hombres “uniformados de negro con pasamontaña y chalecos antibalas, portando armas largas y cortas”, que se identificaron como supuestos integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que lo interceptaron en un improvisado puesto de vigilancia que montaron en una calle de la barriada pobre de Catia, en el oeste de Caracas.

“Ellos se identificaron como personal Sebin (pero) nunca mostraron ni su rostro ni sus credenciales”, agregó.

Rodríguez dijo que luego de darle algunos golpes en la cabeza con la culata de sus armas los presuntos funcionarios policiales lo montaron en una motocicleta y lo llevaron a un terreno baldío, donde lo siguieron golpeado, lo interrogaron, le quitaron su teléfono y billetera, y “me amenazaban que me iban a matar”.

Tras casi una hora de retención el activista fue liberado pero no le devolvieron sus pertenencias.

Estas no son las primeras denuncias de maltrato de opositores a manos de elementos del gobierno.

En abril de 2013, poco después de las elecciones, se acusó a elementos de la Guardia Nacional en la ciudad occidental de Barquisimeto de golpear a manifestantes de la oposición en un destacamento militar por negarse a reconocer la elección de Maduro.

“A esos muchachos les pusieron una gorra con consigna del gobierno y les hacían decir que reconocieran el gobierno de Maduro y si no lo decían los golpeaban”, dijo en esa ocasión el activista Romero. “La situación es tan mala… que ni siquiera sabemos cuántos han sido detenidos, cuántos heridos, ni cuántos asesinados”.

—- El redactor de la AP Jorge Rueda y el videorreportero Vicente Márquez contribuyeron a este despacho desde Caracas