Por MARIEN ARISTY CAPITAN
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, aseguró ayer que el gobierno está instruyendo a sus funcionarios a abrirle las puertas a la ciudadanía para que pueda acceder a cualquier información que desee acerca del funcionamiento de las diferentes dependencias del Estado, tal como lo establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

«Será la demanda de la ciudadanía será la que va a poner a prueba el sistema y la que va a fortalecerla. La ley tiene mecanismos, recursos y acciones contra los funcionarios que la nieguen (la información)».

Como esto no es fácil, la Consultoría Jurídica, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana hicieron un manual teórico práctico en el que se explica a los ciudadanos cómo se aplica la ley. También han organizado jornadas de formación y capacitación de las consultorías jurídicas de otras dependencias del poder Ejecutivo para que trabajen como se debe.

«La puesta en circulación de este manual está procurando poner en funcionamiento el sistema.

El sistema, no hay que dudarlo, tendrá sus resistencias pero ya hay ley, reglamento y voluntad en la generalidad de las autoridades para ponerlo en funcionamiento», añadió el funcionario.

Coincidiendo con Pina Toribio, la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Elena Brineman, afirmó que la sociedad civil tiene que ayudar a que se cree una cultura de apertura de la información haciendo solicitudes y dándole seguimiento a la prensa.

Lo mismo, a su juicio, debe hacer la prensa. Los medios, dijo además, tienen la responsabilidad de expandir la cultura de la transparencia de la gestión pública. Para ello debe escribir reportajes y editoriales sobre la aplicación de la misma.

Respecto a  los empleados públicos, Brineman dijo que tienen que conocer su responsabilidad de ofrecer las informaciones y garantizar  la transparencia en el ejercicio del Estado.

Para Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de FINJUS, lo importante de esta ley es que consagra el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de la pública.

En virtud del respeto a este derecho, Castaños Guzmán entiende que comenzará a construirse una sociedad más plural, abierta y participativa. Pero, agregó, también es necesario que se recupere la credibilidad en las instituciones públicas y que se adopte el compromiso de apoyar e impulsar las iniciativas legales o estructurales que sirvan para lograr un sistema democrático transparente y eficaz.

Esta ley es una de ellas puesto que, asegura, propicia la participación de la ciudadanía en la cotidianidad de los poderes del Estado. Conscientes de ello, la FINJUS está organizando una serie de talleres para que la sociedad civil sepa de qué forma puede solicitar la información,  qué recursos están disponibles para ello y cuáles son las sanciones que establece la ley.

Hablando de sanciones, el senador José Tomás Pérez, quien es autor y propiciador de la ley, indicó que con la creación de esta ley lo que se busca es combatir la corrupción. Y el gobierno, garantizó, está involucrado en esta lucha: el mejor ejemplo, subrayó, es que deja el reglamento al servicio de la ciudadanía.

Es que el objetivo principal de este instrumento es lograr que la administración pública mantenga sus puertas abiertas a la sociedad, tal como lo indicó Olivo Rodríguez Huertas, uno de los redactores del manual que instruye acerca de la pieza.

 «Todo el que recibe fondos tiene que tener los libros abiertos. La sociedad tiene derecho a saber qué se hace y cómo se destinan los recursos. Hay en esto también, de estructuras de acceso a la información, en ámbitos del poder legislativo y del poder judicial», indicó Rodríguez Huertas.