La instauración con amplitud del derecho a la Atención Primaria representaría una conquista para los afiliados de la Seguridad Social, al tiempo de dar mayor magnitud a una prestación de servicios que conduciría a contratar más personal de salud ensanchando las oportunidades de desempeño. Como primer peldaño del sistema garantiza que las dolencias sean diagnosticadas en su justa magnitud y que los gastos que generarán al asegurador y al asegurado que acuda a consultorios o requiera internamiento alcancen proporciones moderadas, si no procede el referimiento a niveles asistenciales mayores en el marco de la cobertura de ley. Con su oposición a la inclusión de los afiliados del régimen contributivo a la atención primaria los médicos y clínicas entran, más que por cualquier otro efecto, en confrontación con el sector más numeroso entre los componentes del sistema: los pacientes. Insisten inexplicablemente en el interés de seguir privando a la colectividad de una opción funcional que contribuiría a perfeccionar desde lo básico la labor asistencial.
La decisión final sobre este propósito de inclusión será tomada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social al que deben llegar las objeciones y argumentos de los facultativos y centros privados. Sus puntos de vista deben servir para fijar mediante resolución la forma definitiva de la fase primaria procurando que resulte de aceptación general. Un dialogo de altura lo lograría.

En contra del palo “asechao”

El recurso de la paralización del transporte al que un sector agremiado se siente con derecho incluye a veces el odioso y antipopular efecto de tomar de sorpresa a una masa enorme de usuarios capitaleños. Hasta ahí no deben llegar las protestas por alzas de combustibles. Inmovilizar masivamente a la gente en las calles cuando menos lo espera, sin la advertencia previa que le permita planear sus pasos y perjudicarse lo menos posible, es más que imprudente y abusivo.
Los pasajeros no deben sufrir perjuicios exagerados ni ser humillados, por disparidades entre dueños de vehículos públicos y el Gobierno. Con su protesta y actitud de vibrante demanda de medidas oficiales los transportistas no deben pretender resonancia a costa de usuarios instrumentados como carne de cañón para doblar pulsos.