MANUEL QUIROZ 
La tranquilidad en las escuelas públicas acompañada de un eficiente aprovechamiento del calendario escolar sin interrupciones ni atrasos provocados por reclamos magisteriales debería ser una prioridad a nivel nacional, en el entendido de que la educación es eje fundamental del desarrollo y el derecho de las nuevas generaciones a la preparación para una vida digna y productiva.
De ahí la preocupación ante el nuevo trastorno que se avecina en los centros escolares regionales con la amenaza de protestas y movilizaciones por parte de la Asociación Dominicana de Profesores(ADP), que ha recibido como una “declaración de guerra” la designación de nuevos directores de escuelas escogidos mediante evaluación con el método de ternas.
Son muchos los días de clases que se han perdido en los últimos meses debido a acciones emprendidas por el gremio magisterial como parte de lo que definen como un pliego de demandas reivindicativas, y hasta el momento no hay garantías de que esas clases puedan ser repuestas sin desmedro del alcance y calidad de la enseñanza.
Entre las voces que han llamado a la cordura y a deponer acciones radicales que perjudican la docencia se destaca la directiva de Educa, que ha venido desplegando una ingente labor de diagnóstico y seguimiento del sistema educativo con un provechoso enfoque proactivo para un programa de mejoramiento que no se quede solo en identificar fallas o debilidades. De manera inadmisible, ya que está apartada de cualquier consideración racional, la ADP ha asumido una postura que contradice lo que debe ser el objetivo medular de toda agrupación de verdaderos maestros con entrega y genuina vocación de servicio docente: el mejoramiento integral del sistema educativo, dentro del cual los maestros juegan un papel fundamental.
Por esa razón nadie logra entender, por lo menos en términos lógicos y razonables, cómo la ADP se opone al nuevo sistema de evaluación aplicado para escoger a los directores de escuelas, si el mismo está basado en la profesionalidad y el desempeño de los profesores que aspiran a puestos de dirección en los planteles escolares públicos.
Por tratarse de un medio abierto y democrático en que se miden y aprecian los méritos de cada aspirante, la ADP debía ser la primera en apoyarlo, en lugar de protestar y recurrir a paros y suspensiones de docencia disfrazados de asambleas y movilizaciones, un negativo comportamiento que ahora busca reactivar como medio de lucha.
Nadie puede explicarse, por lo menos desde una óptica razonada y bajo parámetros justos y equilibrados, cómo se ha pretendido cerrar el paso a esta apertura para que la competencia personal y académica sea el factor cualitativo determinante de quiénes reúnen las mejores condiciones para ser directores de escuelas.
¿Por qué la ADP se resiste a este cambio y se aferra al viejo y cuestionado sistema de concursos, que se ha prestado para favoritismos y manipulaciones por el enfoque clientelar con que tradicionalmente se ha manejado el gremio magisterial?
Nadie niega el derecho de la ADP a tener su propia opinión sobre todo lo que concierte a sus miembros, pero en este caso lo admisible y pertinente hubiese sido exigir al ministerio de Educación un manejo estricto y transparente del nuevo proceso, pero en ningún caso cerrarse al mismo, ya que en su convocatoria resultó totalmente exitoso al inscribirse 1,369 profesores para postulaciones en 140 cargos.
Si el fin trascendente de la educación es mejorar su calidad y, consecuentemente la preparación del estudiantado, la ADP debería ser la primera en apoyar mejoras cualitativas y no solo en la docencia en las aulas, sino en la vital función de dirigir regiones y distritos escolares con autoridad, disciplina y sobre todo con eficiencia administrativa y gerencial.
