Los abucheos están a la orden del día. A gobernantes salientes como al expresidente guatemalteco abucheado cuando trataba de ingresar donde se celebraba sesión de PARLACEN que le proporcionaría protección a su persecución judicial. Contra gobiernos en funciones, el dominicano, abucheado en nuestro mayor templo de veneración religiosa después de ser abucheado en partidos de béisbol y volibol.
Esta práctica-“¿incivilizada?”-debe ser mas ponderada cuando ciudadanos aplican justicia con sus propias manos. Cuando delincuentes comunes son enfrentados por ciudadanos desarmados o con palos y piedras mientras agentes del orden, armados, huyen o evaden enfrentarlos. O cuando éstos se confunden con delincuentes, asociándose a la comisión de delitos.
A esos abucheos y similares se llegan cuando las injusticias se colman, los gobiernos se hacen cómplices o conniventes con delincuencia, se tornan pasivos ante obligaciones mandadas en leyes.
Es nuestro caso. Y cuando abucheos y similares se “institucionalizan”, sucediendo frecuente y ordinariamente ante autoridades pasivas a pesar de estar revestidas de legalidades amparadas en disposiciones que deben “cumplir y hacer cumplir”;las sociedades se degradan, caen en el caos y desorden que preludia la anarquía; desprestigiando la democracia al evidenciar incapacidad de mantener comportamientos civilizados entre gobernantes y ciudadanos.
Superar este estado de cosas constituye un deber ciudadano conforme consigna el Art. 75.12 de nuestra Constitución: “velar por el fortalecimiento…y…calidad de la democracia” y por extensión, de las organizaciones cívicas. También de los partidos políticos (Art. 216).
Pero la obligación mayor recae en las autoridades del Estado y del gobierno que requieren, para superar esta situación, de voluntad e intenciones para hacerlo. Y carecer de ataduras que le limiten imponer orden y autoridad desestimuladores de abucheos y manifestaciones similares
Lamentablemente, no es el caso del actual gobierno dominicano atrapado en finanzas públicas deficitarias por su clientelismo político, dependiente de endeudamientos para financiar sus desequilibrios fiscales y financieros, con presiones sociales originadas en magros resultados de su gestión, ante la expiración de su período de vigencia.
Y por haber provocado división del partido que los sustenta al imponer, tozudamente, un candidato al que no le encuentran formas de entrar en competencia.
Y sin salida. Por no vislumbrarse soluciones que proporcionen nuevos aires a esa candidatura por más que se barajen inyecciones vicepresidenciales renuncias y nominación de candidatos.
De proseguir este estado de cosas los abucheos y similares seguirán.
El único camino que tiene el gobierno para detenerlos es desistir de pretensiones de seguir pautando y/o controlando el accionar político partidario; debiendo limitarse, en las postrimerías de su mandato, en recuperar el respeto a las autoridades e investidura presidencial, asumiendo imparcialidad ante las elecciones.