POR LLENNIS JIMÉNEZ G.
La coordinadora del departamento de Familia y Menores, fiscal adjunta Ketty Muñoz, declaró ayer que 150 mujeres acuden mensualmente a la fiscalía de la provincia Santo Domingo a instrumentar querellas y denuncias contra sus parejas, y que el 40% de ellas son golpeadas y maltratadas.

Dijo que las agresiones contra mujeres casi siempre surgen en maridos que tienen problemas de consumo de alcohol y uso de droga.

Explicó que las situaciones económicas que afectan a las familias son otras de las razones por las que las mujeres reciben violencia en los hogares.

La magistrada Muñoz indicó que el 20% de las denuncias son judicializables, es decir, que terminan en una decisión de los tribunales. Empero, dijo que de este 20% al final, muchos no llegan a la acusación.

Explicó que muchos de los conflictos entre esposos terminan en conciliación, ya que las mujeres acostumbran a renunciar a la acusación, alegando haberse equivocado con respecto a la actitud de sus compañeros.

Dijo que esto ocurre hasta en los casos en que se evidencia que la mujer ha sido golpeada, lo que la magistrada Muñoz atribuye a la fuerte dependencia económica que tiene la mujer del marido. Precisó que contrario a la cifra de las mujeres, un 10% de los hombres someten querella por abuso ante fiscalía, aunque la práctica dice que solo el 4% es real, mientras que el resto se trata de hombres que se adelantan a la situación que ocurre en el hogar, lo que la magistrada señaló como «casos de hombres que «se ponen delante».

Insistió que cuando los casos se encuentran en los tribunales, en la fase de medida de coerción, algunas de las acusaciones que hacen los fiscales se caen, debido a que las personas golpeadas empiezan a decir que fueron ellos los que se golpearon.

Muñoz, quien está al frente del Departamento de Familia desde hace dos años, planteó que se dice que los magistrados concilian mucho, básicamente, los casos de parejas, lo que a su entender se debe a que no pueden dejarlo suelto todo, ni resulta fácil aconsejarle a un matrimonio que se divorcie o se deje al compañero.

A su juicio, a una señora con hijo no le resulta fácil tomar la decisión de separarse de su compañero. Reiteró que los acuerdos entre pareja se hace en base al respeto mutuo, la separación de espacio de uno y otro. Sin embargo, cuando se ven precisados, envían el hombre a la cárcel. Resaltó que durante el tiempo que tiene coordinando el área de familia, no ha ocurrido la primera tragedia de una persona que haya denunciado una violencia intrafamiliar.

Cuando notan la gravedad de un caso, recomiendan a las partes aislarse y buscar alternativa, porque no pueden estar detrás de las personas. Manifestó que otros de los conflictos se dan con los hijos.

Aseguró que trabajan fuerte con la familia, ya que también brindan asistencia a problemas de jóvenes que cuando están en vicios, crean muchos conflictos. En estas situaciones, la persona se auxilia mucho de la fiscalía, sobre todo, cuando muchachos que consumen droga, se llevan todo de la casa.

«En esto tratamos de convencer al joven de que acepte ayuda, que se interne en Hogares Crea. Otros casos, los remitimos al psiquiátrico. Les brindamos todo el apoyo logístico dentro de las posibilidades que tiene la fiscalía, que son escasas», precisó.

Declaró que el Departamento de Familias y Menores trata de buscar solución a todos los conflictos que surgen dentro del núcleo familiar.

Subrayó que aunque dentro de los 150 casos que reciben al mes algunos no están tipificados o identificados en la ley, el Departamento trata de buscarle solución, para evitar que esos problemas lleguen a los tribunales. El Departamento de Familia de la fiscalía de la provincia Santo Domingo asiste a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con la ayuda de cuatro fiscales, un psicólogo y un personal de apoyo.

PREFIEREN LA ACCIÓN PÚBLICA

La magistrada Muñoz señaló que preferirían que los delitos de violencia de género se trataran a través de la instancia pública, en vez de la acción pública a instancia privada. Este mismo parecer lo comparte la coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención de Género y Abusos Sexuales, Miriam Cordones.

Cordones afirmó que la excusa que buscan las mujeres víctimas de violencia para que sus parejas se mantengan fuera de la cárcel, luego de maltratarlas, se constituye en una atadura para la actuación del ministerio público.

Muñoz señaló que en la instancia privada cuando surgen los conflictos, el fiscal aconseja la solución, pero depende mucho de que la persona mantenga la acusación.

«Sería bueno que fuera de acción pública, porque hay casos que uno entiende que no deben judicializarse, pero hay otros que no, sin embargo, por ser de asunto privados o a instancia privada, uno tiene que retirarse si no se mantiene la acusación», opinó Muñoz.

Relató que tuvo un caso que para conocerle una medida de coerción a un hombre, debió enviar a la señora a una casa de acogida. «Yo sabía que si iba conmigo me iba a tumbar el caso, porque con todo y estar disfrazada -por el maltrato- ella (la señora) seguía diciéndome, no doctora, no, no, él es un hombre bueno, yo no sé qué le pasó».

Adujo que días después, la señora la encontró en un pasillo y le comentó que su hombre era bueno y que ella lo tenía preso.

Subrayó que en la actualidad, los hombres que son amenazados con ser enviados a los tribunales, disminuyen la violencia contra la mujer. Adujo que el ministerio público interviene en estas relaciones porque no pueden permitir que la sociedad se deteriore por estos conflictos, en los que las mujeres reencuentran en situaciones de desventaja.

Señaló que siempre están prestos para ayudar a las personas en peligro de violencia, con ayuda de la policía. Pero advirtió que en este trabajo los fiscales tienen problemas, ya que ni siquiera disponen de seguridad para su vida.