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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que el presidente Danilo Medina debió observar el Presupuesto General del Estado para el 2013, promulgado anoche, por considerar que incluye partidas que chocan frontalmente con la Constitución y rompen con el modelo de Gobierno austero y transparente que ha proclamado desde su toma de posesión.
La Finjus entiende que todavía subsisten debilidades en la asignación de recursos a importantes órganos del Estado en el sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública) o a órganos de control, como la Cámara de Cuentas.
También subsiste la distorsión que representa la asignación de RD$5,355 millones a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que actúa como un Ministerio de Obras Públicas paralelo, sin base legal que lo sustente, y abjurando de lo que debería ser su misión de supervisión o fiscalización de obras que construya el Estado, dice una nota de la Finjus.
Empero, el organismo reconoce que por primera vez el Poder Ejecutivo dispuso la asignación de los recursos que corresponden a la educación, que es una de las prioridades de gasto social que la Constitución protege de manera especial.
Dice que no es posible garantizar el funcionamiento adecuado de los poderes y órganos de control si no se les asignan fondos suficientes en el Presupuesto.
Lo peor. Para la Finjus, la peor de las inconstitucionalidades que recoge el Presupuesto de 2013 es la aprobación de RD$666 millones para el llamado Fondo de Asistencia de los Legisladores, popularmente conocido como Cofrecito y Barrilito, ya que los mismos contribuyen a la desnaturalización de las funciones que son propias del Poder Legislativo, que son las de crear las leyes y fiscalizar, al tiempo que las iniciativas que se desarrollan gracias a estos recursos públicos implican una invasión en las esferas de competencia y atribuciones del Poder Ejecutivo, lo que configura una clara violación al artículo 4 de la Constitución.
De acuerdo al vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, es ilegal y moralmente sancionable que los legisladores se constituyan en entes de asistencia social.
Castaños Guzmán entiende que los legisladores lo que deben es jugar su rol de presionar desde la esfera congresual para que el Presupuesto General del Estado destine fondos a sus respectivas comunidades y supervisar todas las políticas públicas que implemente el Gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas.
Estas funciones, dice Finjus las dispone el inciso F, numeral 2 del artículo 93 de la Constitución, para garantizar así que los fondos públicos sean destinados conforme la programación en el Presupuesto.
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Sobre observación
La Finjus recuerda que la observación suspende temporalmente la entrada en vigencia de la ley y reabre el procedimiento legislativo para que, en una única lectura, cada cámara del Congreso conozca sobre las propuestas de modificación o enmiendas sugeridas por el Poder Ejecutivo. Es importante señalar que la observación presidencial constituye un acto jurídico que permite participar en el proceso legislativo.
