El suministro de energía eléctrica acusa en estos días fallas profundas que someten a intensos apagones a toda la población.

El descalabro viene a producirse justo en momentos en que la población se queja, con justa razón, por el incremento de aproximadamente un 8% a la tarifa de la energía eléctrica.

En términos reales, el aumento supera con creces la proporción señalada si se toma en cuenta que a los usuarios no se les acreditan las muchas horas de apagones.

Para las autoridades siempre ha sido fácil indexar los déficit del mercado energético, del que, a pesar de dejar pérdidas, nadie se ha desprendido.

Lo que no hay manera de lograr es que se trate con equidad al usuario que paga por la energía que consume y por la que consumen los que no pagan.

Desde todo punto de vista es abusivo el trato que se dispensa a los abonados del servicio eléctrico. Se les cobra la tarifa más cara del hemisferio, se les hace pagar la energía que otros consumen sin pagar, no se les acreditan las horas de apagones y por si fuera poco, se les aumenta la tarifa antojadizamente.

Quienes explotan el mercado energético parecen haber neutralizado la capacidad del Estado para reclamar que se proceda con justicia. Tanto es su poder que han resistido con éxito el interés del Gobierno por renegociar los onerosos contratos que la pasada administración suscribió en Madrid y que han ahondado los perjuicios que ya padecía el pueblo dominicano.

Es un mercado que ha resistido todo intento oficial por lograr que opere sobre la base de costos reales y transparentes, y que el precio final de la energía sea un reflejo de los mismos.

Es un curioso negocio del que siempre se alegan pérdidas pero del que nadie renuncia. Es un negocio de abuso.

Salvajismo

La violencia provocada en Guerra en venganza por la muerte de un sargento de la Fuerza Aérea Dominicana constituye un acto de salvajismo que no puede ser pasado por alto.

La destrucción de más de una veintena de viviendas propiedad de haitianos y la agresión contra éstos por parte de militares allegados al sargento muerto son actos reñidos con nuestras leyes que deben ser castigados sin apañamientos.

Hay numerosos testigos que pueden declarar la verdad de los hechos y contribuir a una buena investigación, que permita establecer responsabilidades.

Por lo pronto, hay numerosas familias que quedaron a la intemperie con sus hijos y hay que brindarles protección.

Alguien aprovechó una riña entre un militar y civiles para acusar falsamente a los haitianos del lugar de haber causado la muerte del uniformado. Cuando se logró establecer la verdad de los hechos, ya unas 30 viviendas de haitianos habían sido incendiadas.

La bestialidad de que estamos hablando revela mucho odio y es necesario que la ley sea empleada con todo su rigor para castigar este hecho.