JOSÉ MIGUEL CARRIÓN
Sólo el abuso y la irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos pueden explicar que los recursos del Ayuntamiento del Distrito Nacional fueran comprometidos en la última administración municipal del Partido Revolucionario Dominicano para garantizar la compra millonaria de autobuses a favor de su aliado de entonces, la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO).

Esa acción no puede ser justificada bajo ningún argumento, a menos que se quisiera favorecer a alguien en particular.

Por demás, aparte de irregular, ese acto fue ilegal, porque incluso la división territorial del Distrito Nacional, con la creación de la provincia Santo Domingo, desvirtuó cualquier argumento de que se actuaba en beneficio de los capitaleños, amén de que ninguna de las rutas interurbanas de FENATRANO nace en el Distrito Nacional.

Dominada por la mayoría perredeísta, la Sala Capitular del Distrito Nacional, presidida por Fabio Ruiz, aprobó el 2 de septiembre de 1999 la resolución número 143-99 que autorizaba a la Administración del entonces síndico Johnny Ventura a firmar un convenio para transporte de pasajeros con varias centrales sindicales encabezadas por FENATRANO.

El 18 de enero de 2001, el mismo Concejo de Regidores aprobó, mediante resolución 9- 2001, modificaciones a su decisión anterior, para autorizar al síndico a firmar otro convenio para avalar o asumir frente al Banco de Reservas el financiamiento que sea necesario para sustituir el parque vehicular del transporte público del Distrito Nacional con Fenatrano y otros sindicatos. Es en base a esa autorización que son comprometidos 16 millones 200 mil dólares de las finanzas del ADN.

Ante los atrasos en que ha incurrido FENATRANO, el Banco de Reservas reclama su dinero con la amenaza de cargar a las cuentas del Ayuntamiento los 481 millones 661,823 pesos con 71 centavos a que asciende actualmente la deuda, entre capital e intereses.

Pero la situación no se detiene ahí, porque el Ayuntamiento del Distrito Nacional está siendo demandado por otros 34 millones de dólares por la compañía Carrocerías Andinas, de Venezuela, empresa con la que el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres, firmó un contrato para la adquisición de los dichosos vehículos. Para que se tenga una idea de cómo se manejaron las cosas, el 15 de marzo de 2001 el entonces presidente Hipólito Mejía envió a Johnny Ventura la comunicación número 6934 para ratificar el aval del ADN en la adquisición de 422 de los 1,200 minibuses que serían adquiridos para el no bien recordado Plan Renove.

Fue el mismo Hipólito Mejía quien, para favorecer a su amigo Johnny Morales, tumbó el contrato por el que ahora es demandado el ADN por Carrocerías Andinas. Como se ve, en la acción hubo mucho de uso y abuso de poder.

Entendemos que el Ayuntamiento debe utilizar cuantos recursos tenga a su alcance para defenderse y obligar a FENATRANO a honrar su compromiso con Banreservas.