La detención abusiva por dos dias, sin pruebas en su contra, como tuvo que admitir después el fiscal adjunto de la provincia Valverde, licenciado Nelson Rodríguez, contra el profesor e historiador maeño Manuel Rodríguez Bonilla ante el brutal asesinato de que fue objeto su esposa Yasmín Valdez, constituye una violación a la ley y un atropello que no debe repetirse bajo ninguna circunstancia.
Nadie discute la facultad legal que tiene el Ministerio Público y la Policía para interrogar e investigar a cualquier persona a quien las circunstancias lo ubiquen en el escenario de un crimen o en relación cercana o familiar con la víctima, pero de ahí a dejar detenida a una persona el doble del tiempo que establece el Código de Procedimiento Criminal, sin pruebas en su contra, hay una gran diferencia.
Y lo peor, como se lo expresé al encargado de investigaciones criminales de la Policía en Mao, con ello se da pie a la percepción popular de que contra el detenido se han encontrado evidencias o pruebas comprometedoras que justifican su retención. Si esto se quedara a nivel de comentarios el caso no fuera tan grave como las implicaciones que pueden derivarse de este abuso de poder.
La primera y muy peligrosa consecuencia es que algunos dolientes de la víctima puedan, influidos por el rumor popular y la actitud de las autoridades, creer en la culpabilidad del detenido (como ya se ha expresado), y en la primera oportunidad actuar en consecuencia, y más en un país donde se cree poco en los procedimientos judiciales y sí en tomarse la justicia con sus manos.
La decisión de despachar a Rodríguez Bonilla tomada por la fiscalía, 24 horas más tarde de lo que establece la ley, con la observación de que se mantenga atento a cualquier requerimiento o llamado que se le haga, debió tomarse el mismo día de la tragedia, tras su primer interrogatorio, y así él podía ocuparse de sus dos pequeños hijos y de las honras fúnebres de su esposa.
El colmo de la arbitrariedad del fiscal adjunto fue que, pese al dolor y requerimientos del detenido y sus abogados, se negó a dejarlo ir al sepelio a dar el último adiós a su finada esposa y fue necesario acudir, a último momento, donde el fiscal titular, licenciado Germán-Niní-Díaz, quien se había inhibido en el caso, para que autorizara que lo llevaran al funeral.
Sin ser abogado ni experto investigador, afirmé y vuelvo a repetir, que el caso se llevó mal desde el principio, porque se concentró la investigación, obstinadamente, en una sola persona y por eso no hay ningún detenido pese a que el crimen se cometió a plena luz del día y el carnicero que lo ejecutó tiene que haber dejado rastros localizables en la casa o en los alrededores.
Por último, insisto en que las autoridades judiciales y policiales deben hacer un esfuerzo mayor persiguiendo a los reales criminales de forma que el atropello que se cometió hoy contra Manuel Rodríguez Bonilla, de reconocida solvencia moral y profesional, no vuelva a repetirse contra ningún otro ciudadano independientemente de sus condiciones sociales, políticas o económicas.