Cuando mi padre fue electo diputado para el período 1966-1970,me cuenta que ganaba RD$600.00 (seiscientos pesos), que entonces se equiparaba aproximadamente con el dólar norteamericano, es decir, en estos tiempos percibiría un sueldo equivalente a unos RD$20,000.00 (veinte mil pesos dominicanos).

Antes de terminar el cuatrienio para el cual fuera elegido, los legisladores de la Cámara a la que perteneció aprobaron una modalidad legislativa a la que él se opuso: alguien en el  hemiciclo propuso un proyecto de ley que exoneraba del pago de impuestos aduanales los vehículos solicitados para el uso personal de los legisladores.

Me relató también que criticó duramente el proyecto porque consideraba inmoral que el facultado para proponer leyes se amparaba de ellas en su propio provecho, pero su protesta fue aplastada con una votación mayoritaria en su contra. A partir del funesto precedente, senadores y diputados convirtieron el Templo de la Ley en un mercado.

En estos días se habla y escribe mucho sobre una nueva revisión de la Constitución de la República, e igualmente se critica duramente la amarga libertad de que gozan nuestros legisladores para presentar proyectos de ley aumentándose de modo exorbitante sus estipendios mensuales, amén de diversas ventajas en viáticos, vehículos y otras cosas más. Nuestra Suprema Ley no tiene ningún freno para prohibirles el abuso de mermar el patrimonio nacional con provechos particulares del que se nutren otros funcionarios del Estado.

Francia es modelo de democracia, y de tener una Constitución considerada como una de las más avanzadas de este mundo, que en su artículo 40 establece lo siguiente: Las propuestas y enmiendas formuladas por los miembros del parlamento no serán admisibles cuando su adopción tendría por consecuencia, bien una disminución de los recursos públicos, o bien la creación o el aumento de una carga pública.

La modificación que propongo puede y tiene que ser más amplia que la francesa, porque aquí no debe abarcar solamente a los legisladores sino también a quienes constitucionalmente poseen la facultad de proponer leyes al Congreso Nacional. Así se evitaría que la nación cargue su presupuesto con dineros que se le distraen al pueblo en beneficio de unos cuantos privilegiados que abusan del poder.