Dabeida Agramonte, una voz importante de los programas que se desarrollan en el país para proteger la niñez, expresó en la cita semanal La Esquina Joven de este periódico, su pesar por el alto grado de indiferencia de la sociedad y de tolerancia de las autoridades frente al comercio sexual que se ha extendido con la utilización de niños y adolescentes.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente, ha visto con alarma que en nuestro país se registra una demanda creciente de muchachas para colocarlas en centros de masajes así como de niños de ambos sexos que son puestos a bailar en espectáculos pornográficos y explotados sexualmente en burdeles.
Se pone en evidencia, por este hecho, que el Estado no ha sido lo suficientemente diligente para reducir y controlar un tráfico que repercute como grave problema social al denigrar y esclavizar a una parte importante de la niñez.
Frente a esa criminal práctica, en cierto modo el país comenzó a reaccionar hace un tiempo puesto que existen, como nunca antes, organismos y leyes, y se aplican esfuerzos privados y públicos, alentados por entidades internacionales y de sanas iniciativas locales de la sociedad civil y que se suponía serían suficientes para erigir un efectivo muro de contención a tanta inmoralidad.
Sin embargo ha faltado contundencia en las respuestas de autoridades de todo género,tanto policiales como judiciales; tanto las que tienen que ver con la educación y protección a través de la escolaridad como con la salud pública de o las que están llamadas a intensificar la recreación y el ejercicio físico para propiciar un buen destino a la juventud.
Sucede que en muchos sitios del país, a la luz del día, niños y adolescentes son objeto de algún tipo de explotación para favoreces sexuales y exhibiciones sin que muchos adultos que son testigos de esas barbaridades asuman la responsabilidad de formular denuncias ni mover la acción pública.
Y peor, en ocasiones las autoridades han sido capaces de irrumpir en centros donde abusan de menores, rescatarlos y luego no ir al fondo, denunciando por sus nombres a los traficantes y castigándolos.
Contra algunas creencias muy enraizadas, sucede que en la mayoría de los casos la explotación sexual de niños es obra de dominicanos, no de extranjeros, y el vil comercio no es exclusivo de las zonas turísticas. Se manifiesta en toda la geografía nacional.
La acción impune así manifestada debería generar un amplio sentimiento de culpa y vergüenza. Por acciones y omisiones, son múltiples las responsabilidades que habría que atribuir en esta sociedad.