El accidentado fluir de pagos a proveedores de alimentos para estudiantes de planteles públicos se inscribe en una prolongada historia de retrasos en entrega de recursos en la que se escuchan distintos alegatos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Inabie, que incluyen atribuir incumplimientos de contratos a sus acreedores expuestos por demás a eventualidades de una difícil burocracia.

A su vez, los reclamantes denunciaron multitudinariamente que los convenios fueron «modificados sin previo aviso», y aprovecharon para declararse ante la prensa como arrastrados a la descapitalización y al desconcierto a nivel nacional porque les aplicaban requisitos técnicos que consideraban abusivos además de sorpresivos.

En febrero pasado emergió una de las más recientes decisiones de suplidores de abstenerse por dos días consecutivos de suministrar comestibles que son la base de una nutrición esencial para proteger la asimilación de conocimientos en los estratos estudiantiles de pobreza y pobreza extrema.

Tres de las asociaciones representativas del sector afirmaban a viva voz en ese momento que sus miembros estaban sumidos en «una crisis económica por la falta de pagos por el Estado».

Por 48 horas los platos, cucharas y tenedores permanecerían inactivos en todas las tandas y niveles de la enseñanza pública sin interrupción de la docencia desde Cabo Engaño a la Frontera a pesar de que el actual Gobierno dijo entender al principio de gestión que la alimentación gratuita a los alumnos no debería faltar ni siquiera en los períodos vacacionales.

Mucho menos (agregamos nosotros) cuando existiera la posibilidad de que los asistentes a cursos tuvieran que seguir el dictado de clases por los maestros poniendo atención a los libros de texto y a las pizarras encontrándose sometidos a déficits, y hasta a plena ausencia, de proteínas y calorías en sus sistemas digestivos.

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Más allá de la corta interrupción en protesta por incumplimientos en honrarles compromisos contractuales, aparecía una posibilidad de deterioro adicional en el servicio, pues los reclamantes sentenciaron que después del paro cada suplidor serviría comida «sólo en la medida en que pueda financiarse», lo que suponía riesgos de disminución de calidad e inocuidad por una drástica reducción de los medios a emplear en los procesos de cocción y embalaje para la garantía de condiciones óptimas en los comestibles.

La mayoría de las actividades de cocina que producen raciones para los comedores de centros de enseñanza estatales están a cargo de pequeños y medianos agrupamientos de emprendedores en posesión de cuentas bancarias de ínfimos balances y que accedieron a las oportunidades que les ofreció el poder de lograr ingresos regulares y crear empleos y que ahora proclamaban que «el programa de alimentos escolares podría caer en una pendiente enjabonada» hacia el colapso.

¿Leer bien y comer mal?

Existe una más que reconocida relación entre la calidad de la alimentación y la asimilación de los aprendizajes en aulas tanto en materias muy elementales como en matemáticas, en las que en República Dominicana el 75% de los estudiantes sometidos a prueba pocos años atrás obtuvo un bajo rendimiento, además de en lectura y ciencias, según un informe presentado por el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

Los parámetros aplicables a toda comunidad educativa y establecidos mediante estudios pedagógicos de valor universal se fundan en la existencia de una estrecha relación entre la suficiencia de la alimentación y el rendimiento escolar y que la buena nutrición es la que permite que los niños crezcan y se desarrollen de forma física y cognitiva.

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En República Dominicana la desnutrición infantil aguda, con presencia en aulas, supone un «bajo peso en tallas o extrema delgadez» y aunque la deficiencia ha permanecido en una proporción estable de la población, según Unicef, los altos niveles de desempleo y la caída de los ingresos que había desatado la pandemia del COVID-19 ponían en riesgo los avances que en ese renglón se han logrado.

Los datos de una Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) de final del decenio recién pasado informaron que la prevalencia de la desnutrición infantil crónica en el país había declinado de 16.5% a 6.9% destacándose que, en los niños más pobres, el nivel de desnutrición crónica alcanzó al 12% sin que ninguna investigación nutricional confiable más extensa certifique una calidad alta en las ingestas alimentarias de los demás segmentos estudiantiles.

Pagan, deben, pagan, deben…

Ufano, el presidente Luis Abinader informó que al cierre del pasado año había reducido a RD$18,850 millones las «cuentas por pagar» halladas al inicio del mandato y que sobrepasaban los 72 mil millones, y ya en julio del mismo lapso el Inabie dijo haber pagado a la fecha 2,300 millones de pesos para los almuerzos de la tanda extendida, con promesas, no muy solemnes por cierto, de seguir en la misma línea de cumplimientos en los meses que seguirían.

Sin embargo, menos de un año después, en este 2022, la Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares (Unasae) pidió formalmente la intervención personal del primer mandatario para recibir información real sobre los retrasos de los pagos a que estaban sometidos sus afiliados que aprovisionaban de comestibles a la tanda.