La Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dio a conocer aspectos de la fiscalización del tránsito, que revelan que 4 mil personas mueren cada año en la República Dominicana y 9 mil quedan lesionados, lo que cuesta al Ministerio de Salud Pública RD$200 mil millones.

Todo esto ocurre cuando el 52% de los vehículos del país no tienen póliza de seguro, afirmó el presidente de la Comisión, diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo.

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Declaró que pese al presupuesto que destina salud en pago de heridos, la Ley 63-07, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no destina nada de dinero de lo recaudado en la aplicación de infracciones de tránsito, por lo que indicó que la legislación amerita de una modificación.

Además, el legislador manifestó que la Ley de Tránsito debe ser aplicada a todos los ciudadanos, para que respondan por sus faltas, desde el ciudadano común hasta el general, político y los mismos diputados.

Demanda que se amplíe la educación en materia de tránsito. Los diputados de la Comisión conversaron ayer con representantes de instituciones del Estado que accionan en materia de la Ley 63-17, como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Superintendencia de Bancos, los ministerios de Salud Pública y de Obras Públicas y Comunicaciones y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).