Acciones contrarias a la competencia pagarán multas millonarias

Acciones contrarias a la competencia pagarán multas millonarias

Los acuerdos y prácticas contrarias a la libre competencia, el abuso de la posición dominante y la competencia desleal, tanto en comercialización de productos como en los servicios, podrán ser sancionadas al pago de   hasta más de RD$23 millones,  según establece la Ley de Defensa de la Competencia.

Entre estas prácticas contrarias a la competencia se pueden destacar reclamos actuales como las tarifas de los colegios, de las clínicas y el sector  transporte de carga, cuya acciones, si se comprueba que violan la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, serán sancionadas y se ordena la cesación del acto o conducta que está causando daño.

La ley establece que las multas van desde 30 hasta  3,000 salarios mínimos.  

Según explicó la presidente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), Michelle Cohén, incluso estas sanciones económicas son pequeñas para el daño que pueden hacer acciones como esta al mercado y a los consumidores.

Cohén destacó que la Ley 42-08 tiene como objetivo promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor a favor de los consumidores y usuarios.

Resaltó que para entrar en vigencia esta ley hace falta la designación del director ejecutivo de la entidad y la aprobación de los reglamentos de parte del Poder Ejecutivo que espera sea una realidad en menos de tres meses.

 Durante un almuerzo con periodistas, Cohén dijo que para la creación de estos reglamentos se hicieron vistas públicas con los sectores productivos y que actualmente están inmersos en la preparación de los manuales operativos internos.

En la actividad participó el argentino Diego Petrecolla, experto en temas de competencia, quien expresó que en América Latina todos los países tienen esta ley, excepto Guatemala y Uruguay y se han llevado a los tribunales casos importantísimos que han permitido  sancionar a las empresas y ha llevado a reducción de  precio de los productos hasta en más de un 30 por ciento. 

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